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POLÍTICA ENTREVISTA

«El Gobierno central se niega a que el catalán sea cooficial en la UE»

Entrevista a Victòria Alsina, consellera d'Acción Exterior

«El Gobierno central se niega a que el catalán sea cooficial en la UE»

«El Gobierno central se niega a que el catalán sea cooficial en la UE»MAGDALENA ALTISENT

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¿Llegarán este año los primeros pronunciamientos de la justicia europea sobre las penas por el ‘procés’?

Esa es la previsión y estamos muy pendientes, porque la mayoría de las veces las victorias que hemos logrado para defender los intereses de los represaliados han venido de Europa.

¿Espera que serán favorables?

Todo hace pensar que se alinearán con el principio del derecho comunitario europeo. y creo que darán la razón a los postulados de la Generalitat y de los exiliados. Cabe recordar que el Consejo de Europa aprobó ampliamente unas recomendaciones en las que pedía una amnistía de facto, una solución política para los exiliados, reformar el código penal español y dejar de judicializar un conflicto político. Creo que esta primera victoria política condicionará mucho los pronunciamientos.

¿Cómo cree que afectarán a la política y a la justicia española?

La UE debe asegurar que el derecho comunitario se cumple y no puede haber un doble rasero. Cada caso tiene sus peculiaridades, pero igual que la gente se fija en Polonia u otros países que han incumplido la ley europea, si España no sigue lo que dicen los tribunales europeos estaríamos ante una vulneración del derecho comunitario.

Si Puigdemont y el resto de los exiliados reciben resoluciones favorables y vuelven a España, ¿teme que puedan entrar en prisión?

Habría que preguntar al president Puigdemont y a los exiliados qué harán, pero primero se debe pronunciar la justicia europea. Como Govern somos eurófilos, pero críticos, ya que queremos una Europa que esté a la altura de sus valores fundacionales y los respete.

¿Qué gestiones están haciendo para que el catalán sea cooficial en la Unión Europea y con qué obstáculos se han encontrado?

Querría destacar tres ideas. La primera es que somos la decimotercera lengua más hablada de Europa y hay otras once menos habladas que son cooficiales. La segunda es que la cooficialidad no es un capricho, lo contempla el Estatut, y la tercera es que esto no se logra por falta de voluntad política del Gobierno español.

En mi primera reunión con el ministro de Exteriores le pedí que respaldasen la oficialidad del catalán en Europa y se negó. Hemos denunciado este hecho y buscaremos complicidad con todos los agentes europeos y seguiremos insistiendo, porque la legitimidad de cooficialidad del catalán en Europea es y debe ser algo indiscutible.

¿Cómo se están tramitando los fondos europeos y su reparto?

Hemos creado y liderado una red de 30 regiones europeas para destacar la importancia de tenernos en cuenta en el diseño, distribución y ejecución de estos fondos. Porque lo que ha ocurrido en varios Estados es que ha habido una centralización y no se ha tenido en cuenta el papel de Catalunya o Lombardia, por ejemplo.

¿Qué papel juegan las embajadas de la Generalitat? ¿Prevén ampliarlas a corto plazo?

Uno de los objetivos del Govern este año es fortalecer y hacer crecer del departamento de Acción Exterior, un área muy joven. Hemos aumentado su presupuesto un 28%, una de las partidas importantes es la de las delegaciones del gobierno y a principios de este año presentaremos el plan de crecimiento y financiación de estas delegaciones para reforzar las existentes y crear otras nuevas. Las embajadas nos representan en el mundo y están a disposición de cualquier ciudadano, empresa y administración del territorio que las necesite.

Uno de sus antecesores, Raül Romeva, ha estado en la cárcel y otro, Bernat Solé, ha sido inhabilitado. ¿Teme que pueda ocurrirle algo similar en función de lo que suceda este año?

Hacer acción exterior es nuestro deber y derecho y así lo establece el Estatut. Como consellera estoy convencida de que hacemos lo que toca y seguiremos consolidando el departamento. El Tribunal de Cuentas hizo una operación política que no se ajusta a la legalidad vigente y que pretende la ruina civil de las personas que se han dedicado a hacer acción exterior.

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