Orden de cierre de una hípica ilegal en Lleida junto a la carretera de Zaragoza

El ayuntamiento ha ordenado el cierre inmediato de una instalación hípica situada en el número 20 de la partida Plana de Gensana, junto a la carretera de Zaragoza (la antigua N-II) por “no disponer del título habilitante y no poderse legalizar en esta ubicación”. Además de decretar la clausura, también obliga a retirar los caballos que hay en la instalación y sancionar al propietario con mil euros, cantidad que podría doblarse si en un mes no cierra el recinto. El principal motivo por el cual el consistorio ha vetado esta hípica se debe a que está sobre una parcela calificada de suelo no urbanizable y ya advirtió de ello a la propiedad el 21 de marzo a través de una resolución.

Desde ese día, la Paeria daba un mes a los propietarios para cerrar las instalaciones, pero el 25 de abril una patrulla de agentes de la Guardia Urbana se personaron en las instalaciones y detallaron que “la puerta de entrada al recinto estaba abierta, había un vehículo estacionado en el interior y en la pista principal había un caballo con una persona dando vueltas”. Los agentes también hablaron con el titular de la propiedad, que les indicó que en ese momento había ocho caballos en el recinto pero solo cinco pernoctaban en él. Por otro lado, los agentes ratificaron que la hípica seguía abierta, motivo por el cual la Paeria ordenó el pasado 20 de mayo su cierre.

Debido a que el titular no obedeció la primera advertencia del ayuntamiento, ahora este le ha sancionado con mil euros de multa coercitiva, que podrían doblarse y ascender hasta los tres mil si en los próximos meses no cesa la actividad, lo que sería calificado como una infracción administrativa muy grave. En este sentido, este periódico pudo comprobar que el pasado 2 de junio la hípica seguía abierta y que había varios caballos en la zona de las cuadras. Cabe recordar que en los últimos quince meses la Paeria ha detectado 68 construcciones ilegales en l’Horta y 23 de estas se han descubierto este año.

La mayoría de ellas no son legalizables y si tienen menos de seis años de antigüedad deben ser derribadas. Si son anteriores, el ayuntamiento notifica que están fuera de la ordenación urbanística al Registro de la Propiedad, que a su vez lo hace constar en la inscripción de la finca.