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Al margen de valoraciones jurídicas, la sentencia del Supremo cae en un error grosero al atribuir a Dolors Bassa, que era consellera de Trabajo, responsabilidades de la conselleria de Enseñanza, que ocupaba Clara Ponsatí, al confundir los centros cívicos con las escuelas que fueron punto de votación el 1-O. Tampoco tuvieron mucho tacto a la hora de notificar la sentencia porque al margen de las filtraciones del fin de semana que descartaban la rebelión, seguramente para preparar el terreno, lo preceptivo era que fueran los acusados los primeros en enterarse del fallo. No fue así porque antes de las 9 de la mañana ya se había filtrado a un digital que la difundió y algún preso tuvo que enterarse de su condena por la televisión. Y eso que Marchena había criticado las filtraciones.

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