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La ministra Celaá y los consejeros de Educación de las comunidades deberían haber previsto el regreso de los niños a las aulas. Es incomprensible que no haya sido hasta estos últimos días de agosto cuando han empezado a desbrozar las medidas para la vuelta a los centros. En estos meses de verano ha habido tiempo suficiente para abordar la manera de que los niños puedan dar clases presenciales cumpliendo con los protocolos pertinentes, como el de estar separados dos metros o las mascarillas. Para eso, es evidente que las clases tienen que adaptarse y que se necesita más profesorado. Es obvio que muchas escuelas son pequeñas y no tienen espacio suficiente para desdoblar las clases, pero siempre hay alguna solución y es en esas soluciones en las que deberían de haber estado trabajando los responsables políticos con los colegios. Lo que es evidente es que las clases presenciales deben de primar sobre las telemáticas. En primer lugar, no todos los niños tienen un ordenador para seguir las clases, y en segundo lugar, si en una casa hay dos o tres hermanos difícilmente habrá dos o tres ordenadores. Añádase que no todos los niños tienen “habitación propia” para poder estar tranquilamente siguiendo una clase, lo mismo tienen que compartirla con otro hermano que también necesita ese espacio para recibir telemáticamente sus clases. En fin, que los niños no acudan a las aulas establece una línea roja de desigualdad. Quienes sus familias disponen de más medios económicos no tendrán mayor problema, pero los que carezcan de esos medios económicos se verán abocados a una situación de desigualdad en el aprendizaje. Por eso es necesario que las escuelas se abran y los niños puedan volver a las aulas con todas las garantías. Aún así el virus está ahí y nadie podrá garantizar una seguridad al cien por cien, pero eso sí, hay que exigir que se pongan todos los medios para evitar los contagios. Yo no sé qué han hecho las autoridades educativas durante el verano, pero lo que está claro es que no han hecho los deberes. De todos es la responsabilidad, de Educación y de las consejerías de las comunidades. Y no vale que se echen la culpa unos a otros, todos lo son sin paliativos, empezando por la ministra Celaá.

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