El reto de las pensiones

Las pensiones han sido un elemento central de nuestro estado del bienestar y un elemento clave para garantizar un principio elemental de justicia social y garantía de derechos básicos. Desde aquel Decreto Ley del 1978 que puso en marcha nuestro sistema de la Seguridad Social, acordado en los pactos de la Moncloa y posteriormente mediante los pactos de Toledo se ha consolidado un sistema público de pensiones en España. Un sistema que ha tenido que, entre otras muchas virtudes en la profunda crisis vivida en estos últimos diez años, convertirse en el único ingreso de muchas familias que han debido soportar los embates de esta catástrofe económica y social gracias a la aportación de los mayores de la familia. Evidentemente, no es ni debería ser esa la función de las pensiones, que tienen que, como es sabido, garantizar el sustento de los que ya han agotado su vida laboral, pero el ejemplo ilustra la trascendencia de un modelo público y su impacto redistributivo.

Hoy el debate, tras agotar el fondo de reserva de la hucha de las pensiones, que Rajoy heredó de Zapatero con 67.000 M€ y la solicitud de un crédito de 15.000 M€ por parte del gobierno para cubrir el deficit, tomamos consciencia del descalabro en el que puede hundirse el futuro de muchos trabajadores ante esta pésima gestión del gobierno. Una gestión que se suma a un historial dramático de recortes de derechos con la reforma laboral y que nos ha conducido a los extremos de precariedad y a los paupérrimos salarios que hoy conocemos. Huelga decir que ambos elementos han contribuido a acrecentar la crisis del sistema de pensiones, en la misma medida que la reforma de 2013 congeló la subida anual de las mismas al 0,25%, lo que condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo año tras año. Resulta evidente que no se puede pretender mantener las pensiones de los 15 millones de ciudadanos futuros con derecho a percibirlas, con los recursos que hoy destinamos a los 9 millones de pensionistas actuales. A no ser que la voluntad política responda a un interés por la privatización del sistema, aumentando así la enorme brecha social que ya acumula España como el segundo país mas desigual de Europa y que acumula 13 millones de personas en riesgo de pobreza severa. Por estas razones resulta imprescindible atender a las propuestas del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, cuando traza un itinerario para la recuperación del sistema público de pensiones y reclama un impuesto a la banca que permita recaudar una parte de esos recursos que hoy necesitamos para garantizar el sistema público. Especialmente si tenemos en cuenta que la banca ha sido rescatada con 77.000 M€ que deberemos pagar con recursos públicos. Por ello, parece justo recuperar una parte de esos recursos mediante estos dos impuestos destinados a un bien esencial de nuestra sociedad como es el sistema público de pensiones como garantía de una sociedad más igualitaria y más justa.