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  • JOSÉ IGNACIO LLORENS
diputado del pp

La alta traición separatista

Actualizada 09/04/2018 a las 16:57
L’alta traïció separatista

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© L'alta traïció separatista

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El auto de procesamiento del Juez Llarena revela que el soberanismo tenía un plan premeditado para la independencia en el que no se excluían actos violentos en su fase final. Los informes incautados al Govern por la Guardia Civil, gracias al Artículo 155

, han permitido al Juez construir un relato que revela una trama sustentada en las Instituciones, los medios de comunicación y la agitación callejera a través de la ANC, Òmnium y los CDR’s.

El Plan arranca en octubre de 2012 con la firma del Acuerdo por la Transición Nacional entre Mas, escogido por el 3%, y Junqueras. El diseño incluía la creación por la vía de los hechos de una legalidad impostada que sustituyera la existente. Se trataba de provocar la confrontación y generar la reacción del Gobierno Central para concitar apoyos internacionales. El Referéndum del 1-O y el acoso del 20-S a la Guardia Civil durante el registro de la Conselleria de Economía – en el que fueron sustraídas armas de los Jeeps por la turba– formaban parte del guión junto a los 315 actos violentos de esos días que ha acreditado, ante el Juez, la Guardia Civil.

Desde entonces, los acontecimientos refuerzan las tesis del Juez Llarena. Los cortes de vías y carreteras y la violencia en la calle revelan la auténtica faz del pacifismo y las sonrisas. Por si fuera poco; se proponen candidatos imputados, presos o fugados en un intento de prolongar la confrontación con el Estado que revela la incapacidad de la mayoría separatista para convertirse en mayoría de gobierno. Divididos y enfrentados en una lucha cainita por el Poder, Convergència –y sus continuas metamorfosis– y ERC nos condenan a los catalanes a bailar el mambo de la CUP.

Lo que más sorprende del agónico desenlace del Prucés es la ingenuidad, la ignorancia y el cinismo de sus protagonistas. No se estaban enfrentando a un Gobierno Central al que creían poder achantar. Se enfrentaban a todo un Estado, que es mucho más. Es el Poder Judicial, que no se detiene ante los casos de corrupción del propio partido de Gobierno. En España, en Andalucía o en Cataluña. Son las Instituciones como la Monarquía Parlamentaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es la Constitución y el Estatut, sin los que los sediciosos no habrían llegado a ser Autoridades. Son los ciudadanos y es Europa.

Efectivamente; la Unión Europea es un proyecto que nace en 1955 para superar dos atroces Guerras Mundiales provocadas por nacionalismos exacerbados, que está constituida por 27 Estados que ceden soberanía al proyecto común. La moneda, la defensa y la PAC rigen en todos los Estados. La UE es un espacio compartido de libertad, seguridad y justicia y la libre circulación de las personas obliga a los diferentes Estados a dotarse de instrumentos jurídicos comunes. Y la mejor prueba de ello es que la Euro-Orden de un juez español se aplica en territorio alemán.

¿De verdad se creían estos salvapatrias, que lo único que han conseguido es dividir como nunca a la sociedad catalana y que se hayan fugado de octubre a diciembre 31.400 MEUR en depósitos, que la UE respaldaría un proyecto contra un Estado plenamente homologado como España que, además, podría contagiarse al resto de Europa y sólo es apoyado por la extrema derecha xenófoba y la extrema izquierda eurófoba?

Los líderes separatistas nunca han pagado por nada. Ahora no es así: nueve dirigentes están presos, seis fugados y Puigdemont, que como Dencàs en el 34 fue el primero en fugarse, ya no volverá a su premonitorio Waterloo. En aplicación del Artículo 37 de la Carta Magna de Alemania –idéntico al 155 de la Constitución Española– será extraditado por Alta Traición. Tras la fallida investidura de Turull, el reloj para nuevas elecciones ya corre, lo que tiene que facilitar la elección de un Govern. No hacerlo, politizar la justicia para salvarse de ella y desconectar de la legalidad de España, de Europa y de la realidad es también una traición.

Los gobiernos tienen que atender a la gente. Por eso el de Rajoy, en atención a las demandas de los pensionistas, puede incluir en los PGE de 2018 gracias a la creación de empleo importantes mejoras en las pensiones; que subirán entre el 1 y el 4%. En Lleida, beneficiarán a más de 98.000 jubilados y para un pensionista que gane 700 euros al mes supondrá una mejora de unos 300 euros al año. Presentar mociones en los Ayuntamientos para subir las pensiones y votar en contra de ellas oponiéndose a los PGE 2018 no sólo es un ejercicio de cinismo. Es, también, Alta Traición.

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