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COLABORACIÓN
  • JOSEP FELIP I FILLAT
Advocat. Membre d’òmnium Cultural-Lleida

Poder constituyente y referéndum

Actualizada 03/07/2018 a las 10:29

De todos los especialistas en derecho constitucional que se han manifestado sobre lo que algunos llaman la cuestión catalana y que no es otra que la cuestión española, según mi opinión, la más ajustada a derecho y que a la vez fija y estudia los hechos de forma más objetiva y veraz es la que argumenta el catedrático emérito Sr. Javier Pérez Royo y con él buena parte de la doctrina constitucional de la facultad de derecho de Sevilla, motivo por el cual el presente artículo se sumerge en su argumentación y formulación, igualmente en el que bajo el título de España tiene un problema publicó el ponente constitucional Sr. Roca Junyent en su artículo de La Vanguardia el 30 de junio de 2010, un artículo totalmente vigente ocho años después y clarificador de la situación en que ahora nos encontramos. Por lo expuesto, el presente escrito podría terminar aquí, limitándose a recomendar la relectura del artículo del Sr. Roca Junyent, o invitando al lector a conectarse a Youtube y seguir, por ejemplo, la conferencia del Sr. Pérez Royo pronunciada en Gijón, el diecisiete de noviembre del 2017.

No obstante, hay una apreciación que es el núcleo del presente artículo que me gustaría remarcar, ya que, oyendo a fecha de hoy a los órganos de los partidos, a los políticos, comentaristas, tertulianos, periódicos y no digamos las redes sociales, el problema nuclear de la cuestión catalana/española no se afronta y a pesar de lo que dicen “nuevo proceder” el gobierno Sánchez tampoco afronta el problema de raíz.Pasado todo lo que ha pasado, el origen inmediato del problema es sin lugar a dudas la STC 31/2010, sentencia que rompe en mil pedazos la frágil constitución territorial española de 1978. Rotura unilateral del pacto de convivencia territorial que representaba la Constitución y el Estatuto por parte de un órgano político, que no jurídico, del propio Estado Español, ni más ni menos que el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional de la época, irregular en su misma formación, nos dijo a los catalanes y por ende a todos los españoles que lo que ustedes han negociado pactado y refrendado con su voto no vale. Lo que ustedes han acordado y votado; lo que son, que sienten, que esperan, que quieren, como colaboran, como se solidarizan; en definitiva, cómo definen su propia naturaleza individual y como grupo no vale y además no valdrá nunca.

¿Qué consigue el Estado con esta sentencia? Según Pérez Royo y muchos otros, la sentencia es materialmente un golpe de estado y lo que consigue es sencillamente y en primer lugar sembrar el absoluto desorden, desorden en todos los niveles de la vida comunitaria, de las relaciones personales y jurídicas. En segundo lugar, burlarse de la buena fe de los catalanes y de muchos españoles que siguiendo escrupulosamente los procedimientos, en concreto la doble garantía constitucional y referéndum posterior, ven que sencillamente su derecho individual no cuenta para nada.

Estando así las cosas, ¿cuál es la primera intención de la gran mayoría de los catalanes, sean o no independentistas? Sencillamente pedir al Estado y a la Comunidad Autónoma que, visto el mal uso que hacen del poder individual que se ha delegado, hagan el favor de devolverlo, de devolvérmelo, devuélvanme mi poder, por una sencilla razón, este poder es mío como ciudadano y de nadie más, y yo volveré a decidir qué hago con él, este es mi gran derecho como ciudadano libre. Yo y mis semejantes que votamos el Estatuto del 2006 queremos volver a decidir qué hacemos con nuestro poder originario e innato como sujetos libres.

Mi poder como ciudadano libre, depositado, que no vendido o donado al poder legislativo y resto de poderes del Estado no pasó del TC al Gobierno, al Rey, al Cardenal Primado de España o a mi comunidad de vecinos…, este poder lo recupero como ciudadano porque es mi derecho como humano. Derecho humano que junto con mis semejantes –los “ellos” del famoso “a por ellos”–, decidiremos qué hacer con este poder constituyente originario que ha vuelto a muestras manos con la sentencia.

A fecha de hoy, el Estado Español no me reconoce que este poder constituyente haya vuelto a mis manos, de hecho nadie sabe dónde está mi poder constituyente, me niega un derecho humano y niega que –los ellos– podamos organizarnos para decidir qué hacer con este poder; declararnos independientes o no del Estado, o, someternos de nuevo a este y a unas normas constitutivas que para ser legitimadas han de ser aceptadas con afecto y que ahora son ampliamente rechazadas por odiosas. Las leyes ordinarias no necesitan de su aceptación popular, sencillamente se han de conocer y cumplir, gusten o no gusten. Las normas constituyentes y constitutivas del grupo (nación, país, tribu…) si no tienen su aceptación y afecto se vuelven contra el poder que las impone, se vuelven odiosas. En Cataluña es evidente que la Constitución y el mismo Estatuto, después de la STC 31/2010, se han vuelto normas odiosas y el grupo se ha vuelto contra dichas normas y el mismo poder del Estado, que en Cataluña ha perdido su autoridad.

El Estado sabe que al menos el 80% de los catalanes queremos decidir qué hacer con nuestro poder constituyente como ciudadanos libres.

La situación de desorden absoluto no se superará si no es mediante una pregunta directa y clara como punto de partida, que vuelva a encauzar la relación entre los “nosotros” que incitaron a la violencia y los “ellos” que la recibimos, es decir, de entrada un referéndum pactado donde los catalanes, haciendo uso de nuestro poder constituyente, podamos decidir qué hacer con él y cómo se relaciona con el de los españoles; de forma independiente o interdependiente, hasta que no se plantee la cuestión del referéndum como punto de partida no hay ninguna solución intermedia al problema, como señaló Pérez Royo, con la situación que hay en Cataluña, esta es muy difícil que sea independiente, pero lo que está claro es que, si no se supera el desorden, España es ingobernable sea con Rajoy, Santamaría, Sánchez o quien venga. No hay 46 problemas más uno, hay un solo problema y el movimiento republicano-independentista continuará creciendo.

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