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  • JOSÉ IGNACIO LLORENS
Diputado del PP por Lleida

La normalidad de un gobierno hipotecado

Actualizada 12/07/2018 a las 10:55
La normalitat d’un govern hipotecat

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© La normalitat d'un govern hipotecat

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El gobierno más débil e hipotecado de nuestra historia democrática, que ha llegado al Poder con el menor respaldo en votos y parlamentarios conocido y gracias al apoyo de fuerzas políticas contrarias y absolutamente dispares entre sí, no se cansa de reiterar que España ha vuelto a la normalidad.

No sé si se puede llamar normal a un Gobierno que tiene tan sólo 84 de los 350 diputados en el Congreso, hecho sin precedentes; pero, desde luego, es mucho menos normal que gobierne España un partido y un Presidente gracias al apoyo decisivo de los que quieren romper España. Los dos Tripartits; del PSC, ERC e IC que resucitaron a unos republicanos moribundos ya fueron un precedente de lo que iba a venir. Zapatero gobernaba España y su franquicia en Catalunya gobernaba con los que querían romper España. De aquellos polvos, estos lodos.

Pero, ahora, la normalidad es mucho más descarada. Entonces, al menos los Tripartits de Maragall y Montilla que encabezaban las marchas del 11-S contra su propio gobierno de Madrid, impulsaban el Estatut que luego, en Madrid, el propio Alfonso Guerra se encargaba de cepillar en la Comisión Constitucional del Congreso y que recurría no sólo al Partido Popular, sino también a la Junta de Andalucía, que estaba gobernada por el PSOE.

Eran otros tiempos. Ahora, la normalidad quiere decir que el golpismo separatista, la desobediencia camino de la independencia, las leyes de desconexión del 6 y el 7 de septiembre, el referéndum ilegal y la proclamación de la independencia fueron consecuencias de una falta de diálogo y comprensión del Gobierno de Mariano Rajoy. A partir de ahora, la normalidad consiste en que la política va por una lado y la legalidad por el otro. ¿Son indisociables? ¿Se puede hacer política al margen o en contra de la legalidad?

La normalidad; léase diálogo, entiéndase distensión; consiste en que el Presidente de una Comunidad Autónoma –Quim Torra– rompa con el Jefe de Estado; o sea, el Rey; boicotee su presencia en parte del Estado; o sea, Catalunya; y el Presidente del Gobierno de ese Estado; o sea, Sánchez; no diga ni Pamplona. Todo sea por la distensión. Como ese idílico paseo por los Jardines de la Moncloa donde, el hasta hace poco xenófobo y Le Pen español, según Sánchez, recibió honores de President. De Le Pen, a President.

Nadie puede creer en Catalunya y el resto de España que la entrevista entre ambos vaya a tener resultados prácticos. El diálogo con el separatismo es como hablar con una pared: autodeterminación sí o sí, por cierto en su día votada a favor por los diputados del PSC en el Congreso, que otra cosa no es el derecho a decidir y presos a casa. Pero ni una ni otra dádiva están en manos de un Pedro Sánchez que seguirá haciendo juegos de magia para ganar tiempo.

Porque la independencia de Catalunya, la ruptura de España y el desprecio a la Constitución y la Soberanía Nacional y la Igualdad entre españoles no está afortunadamente en manos del PSOE, inexplicablemente sometido a quien, por intentar lo mismo que hace ahora, fue defenestrado por sus compañeros.

Embajadores, pagos en metálico –por anticipado, eso sí–, un Corredor del Mediterráneo que ya empezó el Gobierno de Rajoy y la reforma del algunos artículos del Estatut que ya fueron declarados inconstitucionales como, por ejemplo, la independencia judicial catalana, que ya saben que esto de la separación de poderes no acaban de entenderlo quienes hasta hace poco no tenían problemas con el 3%.

Y por lo demás, el objetivo de Sánchez es llegar al 2020 como sea, por supuesto desde la normalidad, a pesar de que prometió elecciones inmediatas y en nombre del progresismo, que es como se autodefine la izquierda cuando se autoconcede una superioridad moral sobre la derecha. Subida de impuestos, asalto a la televisión para tapar alguna anomalía del Prucés o la corrupción, que fue el leitmotiv que unió a los 200 justicieros parlamentarios para expulsar del Gobierno al Partido Popular.

Como, por ejemplo, tapar los 15.000 euros que, en una noche y en un prostíbulo de Sevilla, se gastó el director de la Fundación Socialista para el Empleo de la Junta de Andalucía Don Fernando Villén. Pero ya sabemos que los progresistas tienen salvoconducto para todo. En fin; a mí, como a tantos españoles; nos parece mucho más normal que gobierne el partido más votado, que se gobierne España sin hipotecas con los que quieren destruirla y que se respete el Estado de Derecho y la Constitución. Esto es, al Jefe del Estado –al Rey–, también.

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