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Hermenéutica de Estado

Actualizada 13/03/2019 a las 09:14
Hermenèutica d’Estat

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© Hermenèutica d'Estat

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POLICÍAS NACIONALES, guardias civiles y mossos d’esquadra han acaparado el turno de los testigos en esta última semana.

Una de las cuestiones centrales en las declaraciones del coordinador, de mandos y de los diversos responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad durante el 1 de octubre ha sido la interpretación que cada uno de ellos dio al contenido del auto dictado por la magistrada Mercedes Armas el día 27 de septiembre de 2017 en el que se recoge la ya conocida por todo el mundo orden de “adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana”, así como de la Instrucción 4/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que se establecía que “toda intervención debe estar presidida por la premisa general de priorizar la seguridad, tanto de los efectivos policiales como de los ciudadanos, sobre la eficacia y preservar la pacífica convivencia”.

De las varias declaraciones, ha quedado claro que por parte del Mayor Trapero estas indicaciones implicaban que no se hiciera uso de la fuerza si no había riesgo o peligro para las personas, mientras que para Diego Pérez de los Cobos justificaba siempre el uso (mínimo y proporcionado) de la fuerza con el fin de cumplir con la orden de impedir el referéndum.

Haciendo un ejercicio de comprensión lectora del auto y de la instrucción citada parece que no puede haber duda de cuál tenía que ser la prioridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad en su actuación: se tenía que dar preponderancia a la seguridad por encima de la eficacia.

En cualquier caso y más allá de la interpretación que se puede hacer de los textos referidos, creo que podemos afirmar que la comprensión que hacen unos y otros tiene más que ver con la concepción politicojurídica que cada uno de ellos tiene del conflicto.

La priorización de la seguridad de los ciudadanos pone el acento en la convivencia ciudadana y el derecho a la vida y a la integridad física como bienes superiores de nuestra sociedad y la priorización de la eficacia en el operativo policial pone el acento en la unidad de España como principio inviolable que está por encima de la ciudadanía que conforma el país.

En definitiva, la discusión de estos últimos días de juicio ha sido si el Estado tiene el deber de defender de forma prioritaria a los ciudadanos que lo integran y que son su razón de ser y de existir o bien si tiene que garantizar su autopreservación por encima de cualquier otra circunstancia.

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