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La puerta de atrás

Actualizada 24/04/2019 a las 10:26
La porta del darrere

Todas las imágenes y contenidos de SEGRE.com tiene derechos y no se permite su reproducción y/o copia sin autorización expresa.

© La porta del darrere

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UNO DE los delitos que se persiguen en el juicio del procés es la desobediencia; deslumbrados por la rebelión y la sedición, hemos hablado poco de este delito. En cuanto a la desobediencia, la acusación se fundamenta, en parte, en el hecho de haber desacatado la Sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y nula la Ley 19/2017 del referéndum de autodeterminación.

Para entender esta acusación, es necesario recordar varios hitos legislativos. Por una parte, la modificación el año 2003 del Código Penal con el fin de castigar la convocatoria y organización de referéndums ilegales, así como su supresión el año 2005. Es decir, en el plazo de dos años se introdujo y se eliminó del Código Penal un tipo delictivo específico para castigar la celebración de referéndums ilegales.

Por otra parte, la reforma del año 2015 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional con el fin de convertir sus resoluciones en ejecutivas, pues hasta entonces únicamente habían sido declarativas.

En tanto que la convocatoria y organización de un referéndum ilegal hoy en día no es un delito, se ha optado por perseguir las actividades preparatorias y ejecutivas del 1-O por la vía del delito de desobediencia, que se fundamenta básicamente en la negativa de las autoridades catalanas a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Hasta hoy, ningún fiscal se había aventurado a interponer una querella por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y eso que se cuentan por decenas las ocasiones en las que varias autoridades han incumplido de forma sistemática sus resoluciones. Esta circunstancia se debe al hecho de que las decisiones de este Tribunal siempre se habían considerado declarativas y su incumplimiento no implicaba ninguna sanción.

No obstante, la ingeniería jurídica comporta que a fecha de hoy se esté persiguiendo una conducta que ha sido excluida expresamente del Código Penal porque según el propio legislador “no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal, y menos aún si la pena que se contempla es la prisión”. Paradójicamente, las penas de prisión solicitadas por desobediencia son, en algunos casos, superiores a las que se preveían por el delito de celebración de referéndum ilegal.

En definitiva, en el presente juicio estamos viendo cómo las acusaciones han convertido el Tribunal Constitucional en legislador y entrando por la puerta de atrás han reavivado un delito extinguido el año 2005.

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