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DESDE EL CANYERET
  • CELESTÍ POL

Manual prácticode justicia contemporánea

Actualizada 01/05/2019 a las 08:50
Manual pràctic de justícia contemporània

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© Manual pràctic de justícia contemporània

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Aunque con los testigos propuestos por las defensas continúa vigente la cuestión de la violencia, el jueves pasado se empezó una nueva discusión de gran profundidad jurídica; con la intervención de algunos testigos se expusieron los fundamentos jurídicos y filosóficos del proceso independentista.

Más allá de la regañina de Marchena a la exposición teórica de Enoch Albertí (catedrático de derecho constitucional), que puso en evidencia que el ordenamiento jurídico español no acaba en la Constitución y que esta no es tan monolítica como a veces se pretende, me parece interesante resaltar la declaración de David Fernàndez.

El exdiputado de la CUP aportó la fundamentación teórica de la actuación de gran parte de ciudadanos catalanes el 1-O. Con sus palabras aparecieron en la sala de vistas del Supremo algunos de los tótems de la filosofía jurídica del siglo XIX y XX (Thoreau, Rawls, Arendt, Habermas...), teóricos de la desobediencia civil. Desde un punto de vista de la teoría del derecho, la desobediencia civil se puede definir como un acto público no violento que supone el incumplimiento de una ley, realizado con la finalidad de provocar un cambio legal, ya que la situación actual se considera injusta. En las respuestas a las preguntas de Benet Salellas, Fernàndez apuntó a los fundamentos de la desobediencia civil: la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la participación política.

Los testigos que han ido compareciendo desde entonces han expuesto cómo actuaron el 1-O y sus declaraciones son la descripción de una actuación basada en la desobediencia civil y la resistencia pasiva. Desde la teorización de la desobediencia civil, se ha discutido si los actos que se amparan tienen que ser o no castigados en atención a las normas penales. Incluso hay quien sostiene que en los casos de ejercicio de la desobediencia sería posible la aplicación del sistema de eximentes y atenuantes previstos en el Código Penal que permitirían, o bien la no imposición de ninguna pena, o bien su reducción.

Al margen de la posibilidad o no de castigo, es evidente que la cuestión planteada por las defensas y expuesta por Fernàndez deberá ser tenida en cuenta por la Sala Segunda a la hora de dictar sentencia, aunque de las preguntas de los fiscales durante los últimos días se desprende que dentro de su imaginario no consta uno de los conceptos más importantes de la filosofía jurídica contemporánea.

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