La polémica de las fiestas

La subdelegación del Gobierno ha requerido datos a 28 ayuntamientos de Lleida para que expliquen si el 12 de octubre abrieron sus instalaciones, qué trámites se hicieron, en base a qué acuerdo plenario se decidió la apertura o cuántos empleados públicos acudieron a trabajar con el fin de incoar un expediente y sobre todo prolongar una polémica artificial coincidiendo en el objetivo con los mismos que decidieron abrir los ayuntamientos y multiplicando unos efectos que, salvo postureos como el de Badalona rompiendo la fotocopia de la orden judicial, han tenido un alcance limitado. La delegación del Gobierno invoca el cumplimiento de la ley que declara el 12 de octubre como la Fiesta Nacional española y en consecuencia la considera como “día festivo laboral con carácter retribuido y no recuperable”, mientras que los ayuntamientos que no comparten este criterio interpretan que no tienen nada que celebrar y deciden abrir sus instalaciones a efectos políticos y evidentemente no administrativos porque el día no era hábil y porque en la mayoría de los casos no acudieron a las instalaciones municipales empleados públicos sino cargos políticos que buscaban precisamente lo que ahora hacen desde la delegación del Gobierno, un altavoz a su discrepancia y otro motivo de enfrentamiento por una festividad no compartida. Si es tan trascendental la celebración, ¿por qué no se cuestiona la decisión de tantos ayuntamientos que autorizaron la apertura de comercios ese día? ¿Por qué podían abrir los comercios del Eix o las grandes superficies y no los ayuntamientos que así lo decidieran en pleno? Y también podríamos preguntarnos qué pasaría si algún ayuntamiento catalán tomara la decisión de abrir sus puertas por la Diada o considerarlo como un día de apertura de comercios y si entonces recibiría requerimientos similares de la conselleria de Governació i Administracions Públiques. Teniendo en cuenta que la polémica del 12 de octubre ya se ha convertido en anual y que previsiblemente se repetirá el 6 de diciembre, con motivo del Día de la Constitución, convendría que unos y otros valoraran la conveniencia, los costes y beneficios y la repercusión en la ciudadanía de perpetuar la cuestión. Y aun sabiendo que unos y otros persistirán en el tema, sería bueno que todos asumiéramos que las fiestas o los símbolos no se imponen y se acaban difuminando si no cuentan con el respaldo de la ciudadanía.