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Ayer se celebraba el Día de la Constitución, el 38 aniversario del referéndum que la ratificó, con más protocolo que calor popular, con exigencias para que sea reformada y abierto rechazo en buena parte de los ayuntamientos y las instituciones catalanas. Las leyes nacen para regular las relaciones entre las personas, garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, y como concepto general, para mejorar la convivencia, son fruto de los legisladores designados por la sociedad y deben gozar de un amplio consenso para que sean efectivas. De la teoría a la práctica hay un trecho y no todas las leyes tienen el cumplimiento deseado por quienes las redactan, ni el respaldo deseable por quienes deben cumplirlas y tampoco la eficacia esperada en el momento de su promulgación. Con la Constitución, como norma máxima de un país, deberían cumplirse todos los requisitos y ser asumida como propia por todos los ciudadanos. Así se da en algunos estados con constituciones centenarias, pero que han sabido adaptarlas a los nuevos tiempos respetando su espíritu fundacional. En España, la Constitución del 78 jugó un papel importantísimo para superar la dictadura franquista y consolidar un estado democrático, pero hay que admitir que fue fruto de un consenso coyuntural y que nació lastrada por las circunstancias históricas del momento con aspectos, como el Título VIII, claramente mejorables. Y de la misma forma que la sociedad española del 78 tiene poco que ver con la actual, habría que pensar en una adaptación de la Constitución a los nuevos tiempos, de la misma forma que se ha hecho con la mayoría de leyes, pero teniendo claro también que una reforma constitucional no es la panacea para solucionar ninguno de los problemas que tiene en estos momentos España, como es el caso catalán, que depende más de otras cuestiones como los criterios de financiación o el reconocimiento nacional que de los aspectos globales. Además, los mecanismos de reforma previstos son más que complejos y requieren un consenso amplísimo que en este momento no se da, como se apresuró a recordar ayer Rajoy marcando límites a una hipotética reforma. Lo importante de una ley es que sea útil, que sirva para solucionar problemas y no los cree, y aquí queremos cambios, pero estamos lejos de que haya un amplio acuerdo sobre qué modificar, porqué da la impresión de que algunos siguen sin querer cambiar nada.

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