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El Gobierno anunció ayer que tendrá que rescatar las ocho autopistas que están en quiebra y en periodo de liquidación y que corresponden a los ejes radiales de Madrid y dos tramos en Alicante y Murcia, y lo justifica en virtud de la responsabilidad patrimonial de la administración por la que el Estado tiene que hacerse cargo de una infraestructura fallida. En la práctica, estamos ante un error en la política de planificación del PP y en los cálculos de las empresas concesionarias por el sobrecoste de las obras y sobre todo por el descenso del tráfico por la crisis y la pérdida de ingresos por peajes. Las empresas concesionarias se declararon en concurso en 2013 y algunos socios vendieron sus participaciones a fondos buitre, que junto con la banca, son los que ahora reclaman las pérdidas al Estado, de forma que seamos todos los contribuyentes los que tengamos que asumir los errores y las pérdidas y afrontar los cerca de cinco mil millones de euros que están en litigio. No es la primera vez que el Gobierno nacionaliza las pérdidas para sanear una empresa y después devolverla al sector privado cuando genera beneficios, y aunque el ministro del ramo aseguró ayer que estudiarán formas de gestionar y rentabilizar las ocho autopistas, no es de recibo que tengan que asumir el rescate. El tema es aún más polémico si lo comparamos con la situación en Catalunya, donde se pide la liberalización de peajes en tramos como el de Lleida a Montblanc para acabar con la sangría de accidentes, sin que se llegue a ningún acuerdo y haya que esperar al final de la concesión, en 2021, si no se aprueba ninguna prórroga, algo que también descartó ayer el nuevo ministro Íñigo de la Serna.El pulso de la CUPLa detención de dos acusados de quemar una foto del rey ha propiciado un nuevo enfrentamiento entre la CUP y el conseller de Interior, cuya dimisión exigen, por el papel de los Mossos como policía judicial y por cuestionar que cumplan las órdenes de los jueces. Parece evidente que los cupaires tienen una idea de lo que deben ser los Mossos muy diferente a la desarrollada hasta ahora por la Generalitat.

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