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EDITORIAL
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Un archivo difícil de entender

16/12/2016 a las 05:39

Dos altas autoridades del Estado, un ministro del Interior en funciones y el director de la Oficina Antifrau, se reúnen en sede oficial y repasan posibles actuaciones contra otros cargos políticos, planifican actuaciones para desprestigiar a adversarios políticos y hasta se jactan de haber triturado la sanidad pública catalana, se publican las conversaciones grabadas y no pasa absolutamente nada más allá del escándalo mediático. Es lo que ha sucedido con el llamado Fernandezgate después de que por una parte la sala de lo penal del Tribunal Supremo no haya admitido a trámite las querellas presentadas y que el mismo día la Fiscalía de Barcelona también pida el archivo de las querellas presentadas por el exalcalde Trias y por su partido, CDC. La inadmisión supone el archivo de la querella y ni siquiera se investigarán los hechos porque el Supremo considera que no hay indicios de los delitos de revelación de secretos, prevaricación y malversación que se imputaban en la querella por la conversación publicada, con la argumentación de que su doctrina es contraria a admitir querellas que se basan únicamente en lo publicado en los medios de comunicación y que dado el “origen subrepticio de las grabaciones no se ha podido determinar si han sido alteradas, editadas o manipuladas”. A lo primero habría que refutar que buena parte de los escándalos políticos y jurídicos de los últimos tiempos, desde el Watergate o los papeles del Pentágono en una democracia tan consolidada como Estados Unidos, o aquí el caso GAL o el escándalo Filesa por citar solo dos, han tenido su origen en informaciones periodísticas que después fueron investigadas por los tribunales y a lo segundo hay que reclamar precisamente que se investigue el origen, algo especialmente grave porque la conversación se produjo en el despacho del ministerio del Interior, y que se profundice si el contenido es constitutivo de delito. Los jueces prefieren despachar la cuestión aludiendo al intercambio de datos como “deber de cooperación institucional” sin entrar a analizar los objetivos y la finalidad de este intercambio de datos que por lo publicado trasciende e incluso puede vulnerar la misión tanto del ministerio del Interior como de la Oficina Antifrau. Con el carpetazo a las querellas y la negativa a investigar el contenido de las conversaciones se hace un flaco favor a la justicia y se dejan impunes unas maniobras más que sospechosas.

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