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El sabio refranero popular tiene acuñada la frase “Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, que podría traducirse como que solo nos preocupamos de un problema cuando nos supera, aunque sabíamos que existía pero la solución se iba posponiendo. Cada vez que en Estados Unidos tiene lugar una matanza en cualquier lugar público por un individuo armado, sale a relucir de nuevo el debate sobre la idoneidad de que cualquier ciudadano pueda adquirir una. Y por desgracia hoy viene a cuento la frase de marras por la muerte de los dos agentes rurales en Aspa a manos de un cazador que segó sus vidas a tiros con una escopeta de la que no tenía el permiso para usar. Este doble homicidio ha puesto sobre la mesa los protocolos que sigue la Guardia Civil a la hora de conceder licencias de armas, una reivindicación histórica de algunos colectivos que denuncian que las pruebas psicológicas que se exige a los ciudadanos son menos duras que las de los cuerpos oficiales, e incluso el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha pedido públicamente que se traspase esta competencia. Los hechos vienen demostrando en este caso y en otros ocurridos anteriormente que hay personas que no deberían haber tenido nunca un arma en sus manos, por su carácter inestable o por su alto grado de agresividad, algo que se debería haber detectado al pasar los mencionados exámenes psicofísicos si es que su nivel de exigencia es el adecuado.

Pero el caso de Aspa demuestra que no siempre es así ya que no tiene una explicación lógica que un individuo atrapado in fraganti con la licencia de armas caducada, que simplemente le comportaría una sanción administrativa, reaccione de una manera tan atroz y acabe con la vida de dos personas que cumplían con su deber. No se trata de criminalizar al colectivo de cazadores pero dejando por sentado que por definición cualquier arma por sí misma es un peligro potencial, cualquier endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas también redunda en su propia seguridad a la hora de practicar la caza. Generalitat, Síndic de Greuges, sindicatos y ecologistas se han apuntado a este debate y al de si los agentes rurales van suficientemente protegidos para desarrollar su labor. Algo habrá que hacer para evitar nuevas tragedias, porque todos sabemos que las armas las carga el diablo.

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