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La decisión de la CUP de permitir la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para este año despejó ayer las dudas que pudiera haber sobre si el gobierno catalán y la mayoría del Parlament que conforman Junts pel Sí y los cupaires seguirían adelante con la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Ahora, queda claro que no habrá ni marcha atrás ni aplazamiento, lo que hace que el choque de trenes con el Estado español esté servido, porque la posibilidad de que el referéndum sea pactado es más que remota, por no decir inexistente. Y es que por lo que respecta al Gobierno central, la anunciada “operación diálogo” se ha quedado en eso, en un anuncio, y el juicio contra Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N que tendrá lugar el próximo 6 de febrero constata que el ejecutivo de Rajoy no piensa salirse de la vía judicial a la hora de afrontar el proceso soberanista catalán. Horas después de la decisión de la CUP, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya reiteró que no permitirá que Catalunya “se salte las normas”, y posteriormente fuentes de La Moncloa remacharon que “el referéndum no se celebrará”. El PP gobierna en minoría, por lo que esta oposición frontal a un referéndum pactado, que todas las encuestas indican que es la opción deseada por una gran mayoría de la población catalana, podría verse socavada si el PSOE optara por una postura alternativa. Sin embargo, no hay visos de que los socialistas estén por esta labor, a diferencia de Podemos y, sobre todo, de la nueva formación de los comuns impulsada por Ada Colau, que ayer garantizó su “implicación” en el referéndum, pero sin pronunciarse sobre si este debe ser unilateral o pactado.

Así pues, todo indica que el próximo día 6, con el juicio del 9-N y la movilización convocada en apoyo de los encausados, se dará el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para el choque de trenes, que acabará teniendo lugar como muy tarde en septiembre. Quedan muchas cosas por dilucidar, especialmente si llegará a celebrarse un referéndum unilateral o el Estado lo impedirá, pero la posibilidad de que haya un acuerdo político o bien una consulta pactada que dé una salida al proceso soberanista, sea cual sea, con la participación de todos los ciudadanos parece haber entrado en el terreno de la quimera.

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