La financiación de todos los partidos

En casi cuarenta años de democracia, España no ha conseguido regular de una forma transparente la financiación de los partidos políticos. En vísperas del juicio al expresidente Mas, ha reaparecido el caso del 3 por ciento con una oleada de registros y detenciones, cuya trascendencia está de momento en el aire, pero que ya ha tenido un impacto mediático. Y no hace falta ser profeta para asegurar que estas redadas y detenciones no serán las últimas y que habrá más a medida que avancen las investigaciones. En este caso, la afectada es CDC y conviene recordar que ya en febrero de 2005 el entonces presidente Pasqual Maragall espetó al jefe de la oposición, Artur Mas, que tenían un problema que se llamaba 3 por ciento, en referencia a las supuestas comisiones que pagaban al partido algunas constructoras para garantizarse obra pública. El tema era de dominio público y, pese a la acusación en sede parlamentaria, la investigación que derivó en las detenciones del jueves corresponde a un juzgado de El Vendrell y es consecuencia de la denuncia de una concejal de ERC de Torredembarra. Pero si CDC tiene su 3 por ciento, el PP tiene su Gürtel, que se está juzgando estos días después de años de investigación en los que salieron a la luz listados de empresas que hacían donativos al partido, y el PSOE tuvo su caso Filesa por el que acabaron en la cárcel tres altos cargos socialistas acusados de financiación ilegal. Parece evidente que los partidos han gastado durante años más dinero del que ingresaban por las vías legales y es un hecho que se vinculaba la generosidad de algunas empresas con los partidos con la adjudicación de obras en las administraciones que controlaban. Era tan habitual que el propio ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, pidió en abril del 91 a las constructoras que no pagaran a los partidos para conseguir adjudicaciones y no debió de tener mucho éxito, porque tres años después volvió a hacer la petición, anunciando más control y transparencia para la obra pública. Desde entonces, ningún cargo público ha vuelto a denunciar situaciones similares, pero da la impresión de que como las “meigas, haberlas, haylas” y hay que exigir que las investigaciones judiciales lleguen hasta el final, en CDC y en todos los que estén afectados, y que sean los mismos partidos los que den ejemplo con un control de gastos e ingresos transparentes y la actuación ética a la que están especialmente obligados.