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EDITORIAL
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Yihadistas en Catalunya

Actualizada 26/04/2017 a las 06:23
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron este martes a nueve personas, cuatro de ellas acusadas de formar parte de la organización terrorista DAESH. Si bien en este momento de la investigación no hay elementos para determinar que los arrestados tuvieran intención de atentar en España, sí habría indicios claros de su relación con los autores de los ataques yihadistas en Bruselas el año pasado en el aeropuerto y el metro y que causaron 35 muertos y más de 300 heridos.

El trabajo policial empezó hace ocho meses con la llamada anónima de un ciudadano. Por el camino, la policía catalana compartió datos con la Policía Federal Belga y la de Marruecos hasta el punto de que varios de sus mandos en materia antiterrorista participaron directamente en el operativo Apolo. También se ha trabajado estrechamente con el CNI y con la Policía Nacional. Muchos de los detenidos llevaban más de 20 años residiendo en Catalunya.

Esta operación viene a demostrar, una vez más, que el terrorismo yihadista es un problema internacional del que nadie está exento y en el que todos estamos implicados y que para iniciar el camino de su erradicación, además de cambios drásticos en la geopolítica mundial, es necesaria una hoja de ruta multisectorial en cada país, cada ciudad y casi cada pueblo para diezmar la propaganda radical del islamismo y su sectarismo extremo que está sembrando de muertos medio mundo y que precisamente a quien más perjudica es a la integración de los ciudadanos de esta religión.
Funcionarios
El Govern se ha desmarcado, y ha hecho bien, de las declaraciones del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach que en conferencias públicas celebradas en los últimos tres meses apuntaba que “todos los funcionarios que trabajan y viven en Catalunya” se verán obligados a cumplir “la ley de Transitoriedad Jurídica”, y que “el que no la cumpla será sancionado”. Lo que corresponde a la Generalitat es dar amparo, protección y garantías legales a los trabajadores públicos, no amenazarles, tanto si siguen bajo la normativa española como si cambian a la exclusiva de Catalunya.
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