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El Banco de España ha vuelto a alertar por enésima vez de que se avecina un fuerte recorte de las pensiones futuras, de forma que si con datos de 2013 la pensión media representa el 60 por ciento del salario medio, en 2060 caerá hasta el 40 por ciento de los salarios medios y algunos informes auguran que en 2050 la pensión media será el 30 por ciento inferior a las pensiones previas a la reforma de 2013.

Y estas prospecciones se basan en una evolución favorable de la economía española porque, en caso contrario, la situación podría ser mucho peor. El banco emisor recomienda determinar la relación que se desea entre los salarios y las pensiones y las vías para garantizar la suficiencia de ingresos del sistema, recomendando como propuestas seguir actuando sobre el retraso en la edad de jubilación y también como siempre en el impulso de planes de pensiones privados.

Lo que no explica el Banco de España es por qué trabajadores que han cotizado durante toda su vida para garantizarse una jubilación digna tienen que ser los paganos de unas políticas económicas nefastas, de una crisis generada por los mismos gobernantes, de una política de empleo que frena la incorporación de los jóvenes al mercado laboral con cotizaciones precarias y de una destrucción de empleo que amenaza con hacerse crónica.

En el sistema español, las pensiones se financian con las aportaciones de quienes están trabajando, que después las cobrarán con las aportaciones de quienes continúen en el mercado laboral y en épocas de pleno empleo llegó a haber hasta superávit de la Seguridad Social, pero la evolución de la pirámide demográfica, el incremento de la esperanza de vida y la disminución de las aportaciones han provocado que el superávit se haya evaporado y que las cuentas de la Seguridad Social arrastren déficit.

En otros sistemas, y también en los privados, son las aportaciones de cada trabajador las que se van capitalizando y garantizan la percepción de las pensiones, pero aquí todo apunta a que la intención del Banco de España, y de las políticas económicas del PP, sea penalizar al jubilado con una reducción paulatina de su poder adquisitivo y la injusticia añadida de que no recibirá lo que ha cotizado durante su vida laboral. Hace tiempo que se plantea este riesgo sin que los partidos políticos afronten la cuestión y tomen medidas para que no sean los más débiles los que sigan pagando los platos rotos por otros.

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