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EDITORIAL
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El referéndum en marcha

Actualizada 05/07/2017 a las 11:10

La esperada ley del referéndum fue presentada en público con un doble acto y por la mañana cuatro diputados de Junts pel Sí y cuatro de la CUP, en una curiosa igualdad que no refleja el equilibrio parlamentario, presentaban los detalles técnicos y jurídicos, mientras que por la tarde se celebraba un mitin multitudinario en el Teatre Nacional de Catalunya, donde aquí el protagonismo sí que correspondió a los portavoces de Junts pel Sí y al presidente Puigdemont y su vicepresidente Junqueras.

El texto presentado, que no se ha aprobado legalmente, ni registrado para evitar el recurso y la impugnación del Estado, contempla el carácter vinculante del referéndum del 1 de octubre de forma que si triunfa el , como es previsible, se proclame la independencia en 48 horas, mientras que si ganara el no, algo que no contemplan ni sus partidarios, que se han desmarcado de la convocatoria, se celebrarían de inmediato elecciones autonómicas.

Es decir, ya no estamos ante el ejercicio del derecho a decidir como se había planteado inicialmente, sino ante un planteamiento sobre la independencia con un compromiso claro y definido por parte del gobierno que podría entrar en contradicción con la neutralidad que proclama la misma ley anunciada.

En el proyecto presentado no se requieren unas cuotas mínimas de participación, ni de apoyo a la opción triunfadora, pese a las exigencias que se han incluido en otros referendos internacionales de “mayorías claras y participación significativa” o la exigencia de la Comisión de Venecia de que debe haber un quórum de participación y de votos favorables, o que en la organización de la consulta deben incluirse todos los partidos, “incluyendo los de la oposición”.

Por lo que respecta a la base legal, se alude a la Carta de las Naciones Unidas, refrendada por el Gobierno español, y al ejercicio del derecho a la autodeterminación, y se considera al pueblo catalán como sujeto político de soberanía, concepto que ya fue anulado por el Constitucional español cada vez que el Parlament de Catalunya lo aprobó.

El gobierno catalán ha expuesto su proyecto, pero como advirtió el ya exconseller Baiget, el Estado español lo recurrirá en el minuto 1, en cuanto sea aprobado y publicado y es evidente que el Constitucional lo anulará.

También es previsible que llegados a este punto, el Gobierno catalán desobedezca o desatienda sus requerimientos y sobre lo siguiente nadie sabe nada.

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