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EDITORIAL
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Conexiones eléctricas

Actualizada 25/07/2017 a las 12:09
A las instituciones públicas hay que exigirles respeto a la legalidad, honestidad y también un plus de ejemplaridad para que sirvan de modelo a los ciudadanos para que cumplan idénticos requisitos en las cuestiones que conciernen al ámbito de cada administración. Por esto sorprende que un ayuntamiento reconozca en sesión plenaria que hasta tres equipamientos municipales, de uso tan masivo como las piscinas, el polideportivo y un museo, reciben la luz a través de conexiones ilegales, y no estamos hablando de un pueblo pequeño sino de una capital de comarca como Sort.

Y aún sorprende más que esta irregularidad venga de antiguo, que lo admita el actual consistorio porque la heredó de su antecesor, que en algún caso funcione con un contador de obra desde hace 26 años o que en otros la conexión sea directamente a la red e incluso que pueda haber más edificios municipales con irregularidades similares.

Se da por hecho que los pagos por consumo se hacen, porque de lo contrario la empresa suministradora ya hubiera actuado, y también cabe suponer que la seguridad del suministro está garantizada aunque sea a través de contadores de obra o de enlaces directos, pese a que no esté homologado como sucede con las conexiones de cualquier empresa o particular, pero hay una cuestión evidente: un ayuntamiento no puede mantener una conexión provisional durante dos décadas, ni puede conectarse directamente a la red, porque ningún ciudadano puede hacerlo. Y porque este mismo ayuntamiento exigirá el cumplimiento de las normas a sus ciudadanos en el suministro de agua, en la recogida de basuras o en cualquier servicio municipal. Tiene que cumplir la ley y dar ejemplo.
Papeletas... para elecciones
Pendientes de la compra de las urnas y del control impuesto por la administración central, el Boletín Oficial del Estado sorprendió ayer con el anuncio de la conselleria de Gobernación para “suministrar el material electoral necesario” pero no para el referéndum, algo que sería recurrido, sino para la celebración de elecciones al Parlament de Catalunya. Son 897.520 euros y no consta que se hayan convocado.
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