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La Dirección General de Tráfico y el ministerio del Interior ya han iniciado los trabajos para la reforma de la ley de Seguridad Vial, de la que ahora se cumplen diez años de su entrada en vigor y once, si nos referimos a la implantación del carnet por puntos.

Todas las partes implicadas coinciden en los efectos beneficiosos que ha comportado, principalmente en la reducción de la siniestralidad en las carreteras, pero también en que es necesario proceder a su actualización para hacer frente a las nuevas problemáticas que se han detectado en esta década.

Por ejemplo, el carnet por puntos, uno de los grandes logros, porque el permiso de conducir dejó de ser un derecho ilimitado y pasó a ser un crédito que otorga la sociedad y que se puede perder como consecuencia de reiteradas infracciones, ahora se está mostrando ineficaz contra el alcohol y las drogas.

Antes, frente a un positivo por alcoholemia, había multa y pérdida del carnet, y ahora se mantiene la multa, pero los puntos son recuperables a través de los cursos de recuperación, de manera que el conductor temerario o ebrio sigue al volante.

Esta disfunción quiere corregirla ahora la DGT y una de las líneas de actuación para renovar la ley de Seguridad Vial es que los conductores ebrios reincidentes no puedan recuperar puntos del carnet.

Otro de los aspectos que tampoco están regulados son los colectivos de peatones, ciclistas y motoristas, tres de los eslabones más débiles de la cadena y que están acumulando muchas víctimas, sobre todo los dos últimos.

El mismo proceso de renovación del carnet ha recibido críticas en amplios sectores, porque no se contempla el tener acceso al historial médico del conductor para saber si tiene problemas de salud, de abuso de alcohol y drogas y si toma medicación. La ley de Seguridad Vial también ha quedado obsoleta a la hora de hacer frente a los nuevos retos tecnológicos, como la utilización del móvil al volante, origen de numerosos accidentes, y que ante la proliferación de su uso requiere un incremento de las sanciones.

Estos y otros aspectos, como insistir en la educación vial, requieren con urgencia resultados por parte de la Administración para acabar con las muertes en la carretera, que, a pesar de que han experimentado un gran descenso en la última década –en Lleida, de 89 a 30–, siguen siendo demasiadas.

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