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La manifestación de la Diada congregó ayer a centenares de miles de catalanes en el centro de Barcelona (un millón según la Guardia Urbana, bastantes más según los convocantes), en la que se prevé la última gran movilización antes del referéndum previsto para el 1 de octubre y que está prohibido por el Tribunal Constitucional. Los manifestantes, llegados de toda Catalunya, desde el mar o las montañas y de tierra adentro, llenaron el Passeig de Gràcia y la calle Aragó y en su confluencia se produjo el epicentro de la masiva concentración humana que situó su fila 0 y parlamentos en la plaza Catalunya. Cuatro lonas con los lemas “Referéndum es democracia”, “Paz y libertad” y “Sí” y una gran urna, como símbolo de la voluntad de votar, fueron los eslóganes oficiales de este 11 de septiembre, que sirvió de termómetro para comprobar que el soberanismo sigue contando con el apoyo de la gente, el gran motor sin duda de todo el proceso catalán. El minuto de silencio por las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, seguido de un espectacular Cant dels Segadors, entonado por varios centenares de miles de gargantas, fue uno de los momentos culminantes de esta Diada, marcada por la proximidad de la consulta independentista del 1-O y el pulso con el Estado español. Una vez comprobado en la calle que buena parte de los catalanes no desfallece en su deseo de más autogobierno y que lo sigue reclamando de una forma pacífica, cívica y democrática, como se vio ayer en la Ciudad Condal pese a los intentos de crispación de algunos políticos y sus portavoces, es necesario insistir de nuevo que el problema político planteado por el soberanismo debe tener una respuesta política. Más de 700 alcaldes, una mayoría absoluta de diputados del Parlament, y centenares de miles de personas así lo vienen exigiendo desde que el PP instó al Constitucional a recortar un Estatut que habían bendecido los ciudadanos y las cortes españolas, con el Rey a la cabeza. El pueblo catalán ha demostrado a lo largo de la historia una sensatez y sentido común que se han convertido en su signo de identidad colectiva y que ha dado estabilidad a la mayoría de gobiernos del Estado español desde la restauración democrática. Su contribución al progreso y la estabilidad de estos 40 años no puede ni debe ser pagada con procesos judiciales ni amenazas penales. Las urnas y el diálogo siempre son la mejor solución.

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