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Desde que hace siete años Òmnium Cultural convocara una manifestación contra los recortes del Estatut en julio de 2010, todas las celebraciones de la Diada han sido multitudinarias y reivindicativas de los derechos de Catalunya. Algunas veces con más originalidad y participación, como con la Via Catalana, otras con escenarios localizados, pero siempre con civismo, ambiente festivo y, sobre todo, mucha participación. Es ocioso discutir la cifra, como pretenden hacer desde algunos foros, porque lo indiscutible es que son manifestaciones históricas que representan el sentir de un pueblo y que expresaban primero un descontento y ahora un anhelo, una reivindicación. Lo normal sería, como sucede en cualquier sociedad, que ante las muestras de descontento de un colectivo tan numeroso y tan contumaz en su queja los gobernantes se preguntaran qué pasa, cuál es el origen de la protesta y qué pueden hacer para solucionar el descontento. Porque es responsabilidad del gobernante mejorar el bienestar de los ciudadanos, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, pero aquí la interpretación dominante de quienes nos han gobernando ha sido garantizarse la mayoría electoral aunque sea a costa de provocar agravios e indignación en la comunidad que más aporta al presupuesto del Estado. Frente al descontento de Catalunya, hemos visto cómo desde Madrid un presidente prometía apoyar el Estatut que votaran los catalanes, que luego fue convenientemente “cepillado”, y cómo después su sucesor, que auspició la recogida de firmas contra este Estatut, ha limitado su política en Catalunya a esperar que bajara el soufflé y a prometer unas inversiones en infraestructuras que nunca se han concretado. Pero el soufflé sigue sin bajar, los plazos se agotan y no se atisban soluciones a un problema enquistado y que cada día que pasa tiene una solución más difícil. Es evidente que desde la Generalitat y el Parlament se han retorcido las formas para acercarse al objetivo de la independencia, pero, después del éxito de la Diada, el President Puigdemont insistía en que está dispuesto a negociar hasta el final sin que desde Madrid haya llegado más respuesta que la tramitación de más querellas y las órdenes de Fiscalía a los Mossos para que incauten las urnas. Cuando hay tanta movilización y durante tantos años, el problema no se soluciona en los tribunales, sino haciendo política y con mucho diálogo.

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