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Se planteó en el Congreso de los Diputados una proposición de Ciudadanos para que la cámara respaldara la actuación del poder ejecutivo, del poder judicial y los funcionarios, con una llamada para que no se destine dinero público al referéndum y “un reconocimiento a los catalanes que respetan a los demás pero no son respetados”. La proposición ha sido derrotada por 166 votos en contra, 158 a favor, los del PP y Ciudadanos, y cinco abstenciones de las que cuatro correspondían a diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto y es muy significativo que el Congreso se haya negado a refrendar la política de Rajoy en Catalunya, a aplaudir sus últimas medidas y a darle un cheque en blanco en una cuestión tan trascendental. Se puede debatir si estamos ante una estrategia parlamentaria para no dar protagonismo a Ciudadanos o si el PSOE quiere marcar su propia línea y diferenciarse de la derecha, y también si es una respuesta a la negativa de Ciudadanos de aceptar la enmienda presentada por los socialistas durante la mañana en la que pedían “apoyo y amparo a los alcaldes que defienden la legalidad constitucional” y que “se abriera un espacio de diálogo para buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país”. Pero el resultado es que la enmienda no fue aceptada y cabe suponer que es por la apelación al diálogo y los socialistas decidieron votar en contra de la proposición, con lo cual lo que inicialmente era un refrendo de los grandes partidos estatales a la política de Rajoy en Catalunya se ha convertido en un rechazo parlamentario y, lo que es más trascendente, en un signo de división de los llamados partidos constitucionalistas. La votación no tiene más repercusiones que la escenificación de una derrota parlamentaria que afecta tanto a los promotores de la iniciativa, Ciudadanos, como al protagonista de la misma, Rajoy y su gobierno, pero no obliga estrictamente a ningún cambio de la acción política debatida. Desde un punto de vista ético, sí debería servir para que Rajoy y su gobierno recapacitaran sobre si sus últimas actuaciones en Catalunya son las más adecuadas, si las amenazas y las querellas son el camino y si de esta forma solucionan el problema o lo agravan. De momento, no tiene el respaldo del Congreso, ni del bloque constitucional, y aquí siguen esperando alguna forma de diálogo.

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