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Hoy, cuando se cumple una semana del referéndum, muchos seguimos conmocionados por las injustificables y desaforadas cargas policiales ordenadas por el Gobierno central para que los ciudadanos que deseaban hacerlo no pudieran votar, lo que tampoco acabó logrando. Fue el primer episodio del tan temido choque de trenes después de más de cinco años en los que el gobierno de Mariano Rajoy hubiera optado por el inmovilismo total y la vía judicial como única respuesta al proceso soberanista, obviando que está respaldado por la mayoría de los diputados del Parlament, por una parte importante de los catalanes y que el número de los que abogan por un referéndum para decidir el futuro de Catalunya es mayor y, sin duda, mayoritario. Después de las tristísimas escenas de represión, todo apuntaba a un segundo choque a lo largo de esta semana con la aprobación de la declaración unilateral de la independencia (la DUI) por parte del Parlament y la reacción de Madrid aplicando el artículo 155 de la Constitución que supone la suspensión de la autonomía. Sin embargo, no ha habido DUI y está por ver si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, recurrirá a ella o no –ahora parece más probable que no– en su comparecencia en el Parlament el martes. El propio Puigdemont ha propuesto una mediación internacional como forma de buscar una solución. Lo ha hecho dos veces, y las dos diferentes representantes del Gobierno y del PP han rechazado esta opción. Tampoco ha tenido apenas eco en la comunidad internacional, más allá de una oferta de Suiza condicionada a que se lo pidan las dos partes. Mientras, crecen las voces que les piden que se sienten a dialogar, y ayer hubo diversas concentraciones para reclamarlo tanto en Catalunya como en localidades de todo el Estado. Resulta ocioso volver a insistir en que un problema político necesita soluciones políticas, no judiciales ni policiales, por lo que hay que exigir a las dos partes que negocien sin que unos fijen como línea roja la inmediata independencia ni otros hagan lo propio con la supuesta inmutabilidad e interpretación rígida de la Constitución. Pero a la espera de lo que haga la Generalitat, el PP no está por la labor y sigue empecinado en el aplastamiento del adversario. Una prueba es que ha pasado de censurar que el independentismo se movilice en la calle a alentar las manifestaciones por la unidad de España de este fin de semana.

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