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EDITORIAL
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Día triste para la democracia

Actualizada 03/11/2017 a las 11:35

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó ayer prisión incondicional sin fianza para el vicepresidente Junqueras y siete de los ocho consellers que prestaron declaración y que habían sido elegidos por los ciudadanos de Catalunya. En una decisión sin precedentes, no han tenido bastante con su destitución y la intervención de la autonomía con el artículo 155, sino que además han decretado su encarcelamiento. Y lo hace esta jueza con una argumentación más que endeble, admitiendo que “deja a un lado lo relativo a la existencia de los indicios de la comisión de un delito, que en este supuesto no se discute realmente” y que decreta la prisión para garantizar el normal desarrollo del proceso penal. La jueza considera que puede haber reiteración delictiva, entendiendo como tal la defensa del proceso independentista, posibilidad de destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Este último punto queda descartado con la evidencia de que ninguno de los encarcelados ha evitado la comparecencia, como el presidente y otros cuatro consellers, con lo cual queda implícito que han renunciado a esta posibilidad. Como motivos para decretar la prisión, la jueza recoge documentos de la ANC y de Òmnium, además de diversos recortes de prensa para asegurar que impulsaban el proceso independentista, algo que es obvio desde que presentaron el programa electoral de Junts pel Sí, que fue el más votado, no es delito y que incluso ha sido amparado por el TC, y les culpa de las manifestaciones, del referéndum y hasta de la huelga general. Es evidente que se penaliza una ideología y que en todo caso podría tipificarse como desobediencia al TC o incumplimiento de sus resoluciones, pero en modo alguno puede considerarse rebelión o sedición, porque no existió la menor actuación violenta y en consecuencia no puede probarla la jueza. Se ha querido castigar una ideología y por lo mismo que han ingresado en prisión ocho consellers podrían hacerlo los dos millones de catalanes que apoyan la independencia o han participado en manifestaciones y protestas. Es un día triste para la democracia española porque queda bajo sospecha la separación de poderes, porque da la impresión de que el objetivo es perseguir una ideología, la independentista, y acabar con las instituciones catalanas. Alguien en Madrid ha pensado que cuanto peor, mejor y comete un gravísimo error. La crisis no se arregla con cárceles sino con urnas.

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