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“Tranquilos, que esto no es la Audiencia” dijo el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena antes de tomar declaración a los miembros de la Mesa del Parlament que han quedado en libertad bajo fianza y ha quedado claro en su resolución, en la que critica algunos de los planteamientos de la Fiscalía para reclamar prisión incondicional. Concretamente, el juez descarta el riesgo de fuga de los integrantes de la Mesa que han comparecido siempre que se les ha citado, también elimina el supuesto de destrucción de pruebas porque evidentemente no puede suprimirse el diario de sesiones del Parlament donde constan todas sus actuaciones, también minimiza la persistencia en la supuesta actividad delictiva porque todos aseguraron acatar la Constitución y el artículo 155 e incluso duda de que los miembros de la Mesa hicieran “una utilización instrumental de la violencia”, que justificaría la acusación de rebelión o sedición, aunque sí admite que se promovió la movilización ciudadana y, aunque se lanzara el mensaje de que fueran pacíficas, advierte que en el caso de movilizaciones masivas el pacifismo puede ser incontrolable. Evidentemente, también ha habido un cambio de estrategia de los miembros de la Mesa respecto a las declaraciones de los exconsellers encarcelados, porque en esta ocasión contestaron a todas las preguntas, hubo una aceptación del artículo 155 y de la Constitución, algo que han hecho aunque sea por imperativo legal todos los cargos públicos, y además los encausados han declarado que o bien renuncian a continuar en la actividad política en algún caso o bien los que continúen en política lo harán renunciando a actuaciones fuera del marco constitucional. Es un planteamiento legítimo porque nadie está obligado a declarar en su contra y también comprensible, porque es lógico que quieran evitar la prisión, pero también es importante que los jueces tengan en cuenta a la hora de aplicar las leyes el contexto en el que vivimos y en este sentido son positivos todos los pasos que se den para normalizar la vida política en Catalunya. Algo a lo que evidentemente no hubiera contribuido encarcelar a la presidenta del Parlament y continuar en la primera página de la prensa mundial. Y habrá que preguntarse por qué la Audiencia Nacional no aplica criterios similares al Supremo y por qué no pasan de una vez todas las causas al Supremo y salen en las mismas condiciones los exconsellers presos.

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