La reforma de la Constitución

“La Constitución se ha revelado como el instrumento eficaz y necesario para salvaguardar la soberanía del pueblo español”, subrayó ayer la presidenta del Congreso, Ana Pastor, durante su discurso de conmemoración del 39 aniversario de la Carta Magna. Pastor ve en el texto constitucional “la mejor garantía” contra “los ataques inadmisibles de quienes han fracasado en su intento de quebrar el sistema legal y democrático que estaban obligados a respetar”, en referencia clara al soberanismo catalán. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazó cualquier modificación que tenga como finalidad “contentar a los independentistas”, en un nuevo ejemplo de falta del espíritu conciliador y plural que comportó la redacción y aprobación del texto del 78 tras la negra etapa de la dictadura franquista. Mientras el momento político actual requeriría puentes, diálogo y sentido de estado para buscar una salida digna, tanto para los independentistas como para los autodenominados constitucionalistas, el gobierno del PP se empecina una y otra vez en agrandar la herida que separa a una gran mayoría de catalanes de la encorsetada, por expreso deseo de los gobernantes actuales, Carta Magna española. Reivindicar el 155 (que ha sustituido el poder legalmente escogido por los catalanes por una imposición tras otra del Estado) como un ejemplo de las bondades de este articulado de convivencia, que se consensuó con la sombra alargada del dictador todavía presente, no es el instrumento adecuado para restablecer la normalidad política y social. Las leyes marco sirven para evitar desigualdades, garantizar los derechos de los ciudadanos y salvaguardar las libertades, en ningún caso para lo contrario. Lo procedente ayer era invocar ese espíritu del 78, que con consensos de ideologías muy diversas consiguió encontrar un marco común de convivencia y de progreso en el que millones de personas se sintieron integradas y esperanzadas. El camino que ha tomado el gobierno y los partidos que le son afines, con la judicialización constante de la res publica, la amenaza hacia una parte de la ciudadanía y la intromisión económica en nada favorece a restablecer la concordia y el sosiego que hacen falta para coser la enorme brecha abierta entre buena parte de los catalanes y los poderes del Estado. La Constitución puede y debe reformarse y en ese empeño deberían poner sus esfuerzos los representantes públicos.