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El año 2018 ha comenzado en Catalunya sin movimientos en las trincheras políticas excavadas a lo largo de los últimos años. Las elecciones del 21 de diciembre derivadas de la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central han introducido cambios tanto en el bloque independentista como en el partidario de permanecer en España, pero no han alterado significativamente el equilibrio entre ambos. Y en las casi dos semanas transcurridas desde entonces no parece que sus principales representantes estén dispuestos a cambiar de actitud. El viernes, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, anunció que convocaba la sesión constituyente del Parlament para el 17 de enero, acortando en casi una semana el plazo hábil para ello y forzando a que el President al que cesó, Carles Puigdemont, tenga que acelerar su decisión sobre si volverá o no de Bruselas para ser investido, sabiendo que se arriesga a ser encarcelado cuando entre en España. Y el sábado, Puigdemont le contestó mediante un discurso de balance de año emitido a través de las redes sociales en el que le emplazó a abrir una negociación política y a restituir “todo aquello que han destituido sin el permiso de los catalanes”, es decir, a él mismo como President y a su Govern, recordando que las urnas les han vuelto a dar la mayoría parlamentaria. “¿A qué espera el presidente Rajoy para aceptar los resultados?”, se preguntó. Tiene razón Puigdemont cuando destaca que las urnas han reafirmado la mayoría en escaños del independentismo y que Rajoy y los partidos que han apoyado el 155 deben buscar una vía de solución política al actual conflicto que vaya más allá de la respuesta judicial, que ha comportado el encarcelamiento preventivo de varios dirigentes soberanistas –cuatro de los cuales siguen en prisión– y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero tampoco debería obviar que, por mucho que se hayan quedado otra vez cerca, los electores que han votado a las formaciones independentistas no llegan a la mitad del total, y que así es difícilmente justificable optar de nuevo por la vía unilateral. Todos deberían recordar que la política es el arte de lo posible y que, al contrario de lo que es habitual, debe primar el interés general frente al partidista. Si así lo hicieran, sería más fácil pactar una salida en la que unos acepten a discutir todas las alternativas, referéndum incluido, y los otros dejen de poner plazos ineludibles.

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