Restitución institucional

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018. España no sale bien parada en este documento en el que se analiza a parlamentarios, jueces y fiscales. De las once recomendaciones que hace el Greco para combatir la corrupción, España respeta siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las cumple en absoluto”. El dictamen es que la situación de España es “globalmente insatisfactoria” y eso que en el anterior informe solo eran seis las recomendaciones que cumplía parcialmente. Un tema en el que insiste mucho el Consejo de Europa es que los parlamentarios deben detallar en sus declaraciones de bienes los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados. Además, también tendrían que añadir las participaciones de empresas. Mientras los avisos, advertencias y recomendaciones de Europa llegan sutil o claramente desde diversos estamentos y mandatarios, incluidos jueces españoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy hace oídos sordos, no solo a la corrupción sistemática instalada en los diferentes gobiernos de su partido político, sino también a la situación catalana y a la respuesta dada por la ciudadanía en las urnas a la aplicación del artículo 155. Catalunya votó el 21-D de forma mayoritaria por seguir apostando por el soberanismo (los 66 diputados de Junts per Catalunya y ERC, más los 4 de la CUP suman una clara mayoría absoluta que se sitúa en el Parlament en 68 diputados) y el Estado no puede obviar este resultado y ha de facilitar, negociar o permitir la vuelta a la normalidad institucional, con la desactivación inmediata de su intervención en diferentes ámbitos de la administración y permitiendo que los legítimos representantes del pueblo catalán puedan tomar posesión de sus cargos. No puede haber otra solución sin diezmar la base democrática de nuestra sociedad. Para que este camino hacia la restitución sea posible hoy el Supremo debe facilitar la libertad provisional del líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat destituido, Oriol Junqueras, a la espera de ser juzgado por los presuntos delitos de los que se le acusa y que parecen a todas luces desproporcionados y difíciles de sostener. Por lo que hace referencia a Puigdemont y el resto de líderes en Bruselas, urge también un acuerdo que no les impida ejercer los cargos para los que han sido reelegidos.