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EDITORIAL
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¿Investidura a distancia?

Actualizada 11/01/2018 a las 09:31

Falta una semana para la constitución del nuevo Parlament surgido de las elecciones del 21 de diciembre y poco a poco se va concretando el panorama: la Mesa del Parlament, que volverá a tener especial trascendencia, será de mayoría independentista con dos miembros de Junts per Catalunya, dos de ERC, que asumiría la presidencia de la cámara, dos de Ciudadanos y uno del PSC. Y también ha quedado claro que la candidata más votada, Inés Arrimadas, no tiene apoyos suficientes para lograr la mayoría, mientras que el candidato independentista, Carles Puigdemont, sí tiene garantizados los 70 votos soberanistas. El gran problema es que el candidato está en Bruselas reclamado por la justicia española y que será detenido en cuanto pise territorio español, por lo que la única posibilidad de presentar su programa y someterlo a votación es hacerlo por vídeoconferencia, por vía telemática o por persona interpuesta. Y aquí se plantea el lío porque es una hipótesis no contemplada en el reglamento de la cámara, que únicamente dice en su artículo 146 que “el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del pleno”. No dice explícitamente que el candidato deba estar físicamente en el hemiciclo probablemente porque los autores del reglamento lo daban por obvio, pero vivimos una situación tan excepcional que todo es interpretable y ya se han planteado argumentos a favor y en contra de una posible investidura a distancia. Los primeros consideran que el reglamento no lo prohíbe y debe interpretarse en el sentido favorable al derecho de participación pública, mientras los segundos consideran que nuestro sistema parlamentario es presencial y una investidura a distancia lo desvirtuaría. Corresponderá a los letrados del Parlament arrojar luz sobre la cuestión, pronunciarse sobre el tema e interpretar el reglamento, aunque como ya sucedió en la anterior legislatura sus informes no son vinculantes y será la Mesa quien tendrá la última palabra, que a la vista de la mayoría independentista pactada ayer, será autorizar la investidura a distancia. Y también se anuncian como inevitables los correspondientes recursos del gobierno español y de los partidos constitucionalistas, con lo cual el lío continúa garantizado y empezaremos la nueva legislatura tal como acabó la anterior, con los dos bloques enfrentados y críticas recíprocas sobre la legalidad de lo actuado.

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