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Ha tardado más de ocho años en pronunciarse la justicia desde que el 23 de julio de 2009 irrumpieran los Mossos en el Palau de la Musica para registrar sus dependencias y confirmar lo que era una sospecha generalizada: el presidente, Fèlix Millet, y directivos del Palau de la Musica como Jordi Montull y su hija Gemma, desviaban fondos hacia cuentas particulares, pero también recaudaban comisiones que finalmente se destinaban a la financiación de Convergència. En concreto, la constructora Ferrovial pagaba comisiones del 4 por ciento, de las que un 2,5 se destinaba a CDC, cuyo extesorero Daniel Osàcar ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel y el partido, a devolver más de seis millones de euros, y un 1,5 se lo repartían Millet y Montull, con un desvío constatado en la sentencia de 23 millones de euros. Sobre la desvergüenza de estos dos personajes, que curiosamente no han pisado prisión, hay poco que añadir tras sus triquiñuelas probadas que incluían la financiación de las bodas y el pago de viajes fastuosos o sus declaraciones ante el tribunal, pero sí es significativa la condena a CDC porque representa la prueba judicial del ya famoso 3 por ciento esgrimido por Pasqual Maragall en el Parlament y que hasta ahora nunca había sido refrendado por sentencia judicial. En la sentencia de ayer fueron condenados Millet y Montull, entre otros, pero también el extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el mismo partido, que está obligado a devolver seis millones de euros por el cobro de comisiones ilegales. Pocos están libres de tirar la primera piedra porque dirigentes socialistas fueron condenados y hasta ingresaron en prisión por el caso Filesa o están pendientes de que se resuelva el escándalo de los ERE en Andalucía y los populares llevan meses en la vorágine del caso Gürtel y sus derivadas con el mismo PP imputado, pero la implicación tan directa de CDC en el caso Palau, condenas incluidas, tampoco se soluciona con un cambio de nombre del partido. Artur Mas afirmaba ayer que Convergència ya había pagado suficientemente su posible implicación con la disolución del partido, pero ni la justicia, ni tampoco el resto de partidos, incluidos sus socios de ERC, comparten valoración y reclaman responsabilidades y llegar hasta el final. Lo que sí parece evidente es que con la condena de ayer se zanja la sensación de impunidad que parecía acompañar la actuación de personajes como Fèlix Millet.

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