Soraya sigue con el recurso

La vicepresidenta del Gobierno insistió ayer en que utilizarán todos los instrumentos para frenar e impedir la investidura de Carles Puigdemont porque, en su opinión, está fugado de la justicia española y no se puede investir a una persona que vulnera la ley. Y aprobaron en consejo de ministros presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta de investidura, pese al informe negativo del Consejo de Estado que ha considerado que “no hay fundamentos jurídicos ahora para impugnar esta candidatura”, entendiendo que no se puede prejuzgar sobre comportamientos, intenciones o hipótesis interpretando lo que va a pasar en la sesión de investidura del martes. Si Puigdemont pudo ser candidato a diputado y posteriormente diputado, también puede aspirar a la investidura porque no ha habido ni juicio, ni condena que le privara de sus derechos, contrariamente a lo que pretende el equipo de la vicepresidenta. Capítulo aparte es que Puigdemont sea detenido en cuanto pise territorio español porque hay una orden de busca y captura, pero hasta que no sea condenado es titular de todos sus derechos, aunque sí se puede recurrir el voto a distancia o la posible decisión de la mesa de interpretar el reglamento para que se permita la investidura a distancia, pero sobre estos supuestos tocará hablar cuando se produzcan y en lo que se equivoca la vicepresidenta es en intentar que se aplique la justicia preventiva recurriendo lo que puede llegar a pasar. Por otra parte, al mantener el recurso sin contar con el aval del Consejo de Estado, que es preceptivo pero no vinculante, el Gobierno hace lo mismo que hizo el anterior gobierno catalán al desoír al Consell de Garanties Estatutàries o la Mesa del Parlament que tampoco atiende los informes de los letrados de la cámara. Estamos hablando de entes asesores cuyas resoluciones no son vinculantes, pero cabe deducir de su misma existencia que se considera necesario su aval porque en caso contrario no tendría sentido su función y más en un marco de confusión jurídica como el que estamos viviendo. Con el recurso al Constitucional se abre ahora un escenario aún más complejo porque si se admitiera, podría conllevar la suspensión de la sesión de investidura convocada ya para el martes y se abriría un limbo jurídico que no está contemplado ni en el Estatut, ni en la Constitución, sobre los plazos y las condiciones de la investidura mientras llega la sentencia.