Pasos atrás

Al día siguiente de que el Tribunal Constitucional anulara el carácter de lengua preferente para el aranés, llega una proposición de ley de Ciudadanos registrada ayer en el Congreso que plantea eliminar el requisito de conocer las lenguas cooficiales del Estado para acceder a un puesto de trabajo en la administración autonómica. En el caso del aranés, la sentencia llega ocho años después del recurso y es contradictoria con la ley de Aran aprobada cinco años después, en 2015, que consagra el uso preferente del aranés en las administraciones públicas de Aran, y que significativamente no ha sido recurrida por el Estado. En cualquier caso, lo normal y hasta lo obligado es proteger a la lengua minoritaria y que es un patrimonio específico del valle, como marca la ley de Aran. Más preocupante es la iniciativa de Ciudadanos que pretende crear un problema donde no lo hay y que refleja la pugna en la derecha española por competir en la recentralización del país y en laminar las competencias autonómicas. Aún no han entendido que las lenguas son un patrimonio cultural, que España es un estado plurilingüe y que las diferentes comunidades están obligadas a potenciar sus idiomas propios, generalizar su uso y hacer posible que sus ciudadanos sean atendidos en su lengua y para ello es imprescindible que los funcionarios de las distintas comunidades conozcan el gallego, el catalán o el euskera. Si se elimina como requisito en el acceso a la administración pública se perjudica a los usuarios de las lenguas propias, se vulneran competencias transferidas y se ataca el mismo concepto de autonomía porque empiezan con la lengua y pueden seguir con todo lo demás. Confiemos en que impere el sentido común y no prospere esta iniciativa que es un paso atrás. Indefensión Después del fallo sobre Sigena, ahora es el obispado de Barbastro-Monzón quien reclama por la vía civil las 111 obras del Museu de Lleida procedentes de parroquias aragonesas. Estamos ante otro gesto oportunista que pretende aprovechar la indefensión del Museu de Lleida generada por la intervención de la Generalitat.