Malos tiempos para la libertad

Durante los actos del Día de la Radio de la semana pasada uno de los debates se centró en la libertad de expresión y juristas y periodistas coincidieron en que corren malos tiempos, en que los límites se han estrechado y en que hoy se persiguen o se judicializan publicaciones o expresiones que hace unos años no planteaban ningún problema. Los hechos corroboran los temores y ayer mismo se concretaron tres casos de censura o condena que tienen como rasgo común las crecientes limitaciones a la libertad de expresión: el Tribunal Supremo ratifica la condena de tres años de cárcel al rapero Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, una jueza ordena el secuestro cautelar de un libro, Fariña, sobre el narcotráfico gallego a instancias del exalcalde de O Grove, y en la feria de arte Arco se retira por orden de la institución ferial madrileña la obra de Santiago Sierra con fotos pixeladas de 24 personas que considera presos políticos, entre los que hay algunos de los dirigentes catalanes encarcelados. Son la punta de un iceberg con una casuística muy diferente y al que podrían añadirse más ejemplos de cómo reproducir la imagen de Jesucristo con la corona de espinas hace unos años podía ser portada de una revista con la imagen de un presentador y ahora también es motivo de querella y condena. Se han introducido cambios en la normativa legal con la llamada ley orgánica sobre protección ciudadana, bautizada sin equívocos como ley mordaza, o con la generalización de las denuncias por los llamados delitos de odio, olvidando su origen que era la protección de minorías amenazadas y grupos discriminados, que ahora se ha convertido en un instrumento amedrentador y coercitivo en base a una interpretación amplia que olvida que se trata de perseguir la incitación a cometer un delito y no la expresión de una opinión. Y estos cambios representan un paso atrás en la protección de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, que evidentemente tiene sus límites como muestra la jurisprudencia del tema, pero que debe garantizar la difusión de hechos veraces y de interés general y proteger la expresión de opiniones. Es evidente que con las redes sociales se ha multiplicado la emisión de mensajes y que a veces el anonimato propicia la falsedad, el insulto o la amenaza, pero hay instrumentos para controlarlos y sancionarlos con proporcionalidad sin vulnerar el derecho.