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Hay fecha, el lunes 12 de marzo, y hay candidato propuesto, el número dos de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, pero lo que no se sabe todavía es si habrá investidura dos meses y medio después de las elecciones y tampoco si empiezan a correr los plazos estatutarios que derivarían en nuevas elecciones si no se llega a ninguna investidura. La candidatura de Sànchez tiene su primer problema en que de momento no suma los votos necesarios ya que no ha conseguido el apoyo de la CUP y el bloque JxCat y ERC tiene dos diputados en Bruselas, que no podrían votar, y otros dos en prisión, que en la constitución del Parlament pudieron delegar su voto y ahora dependen de la decisión judicial, por lo que el bloque de oposición si rechaza a Sànchez obtendría más votos que el candidato. Puede cambiar la situación si finalmente convencen a la CUP, pero no parece fácil teniendo en cuenta los precedentes y sus críticas al candidato y a su planteamiento autonomista. O si se autoriza el voto de los diputados presos, algo previsible, y además renuncian los dos de Bruselas, algo que parece más complicado. Pero no es la aritmética el principal escollo que tiene Sànchez para ser investido sino su situación procesal y las advertencias de Madrid de que no aceptarán un president que esté en la cárcel. Jurídicamente, si pudo presentarse a las elecciones, ser elegido diputado y no hay condena firme, también goza de la calidad de elegible como presidente de la Generalitat porque es titular de todos sus derechos políticos hasta que no sea condenado. Capítulo aparte es que la investidura requiera la presencia física del candidato como esgrimieron los letrados del Parlament cuando se planteó la posibilidad de una investidura telemática de Puigdemont, pero hay precedentes de que un preso pueda defender su candidatura a la presidencia porque ya lo hizo Juan Carlos Yoldi propuesto por Batasuna y que estaba en la cárcel acusado de pertenencia a ETA. Entonces solicitó y obtuvo el permiso judicial para acudir al Parlamento vasco, pero habrá que ver si lo consigue Sànchez porque ya ha habido declaraciones atribuidas al juez Llarena en sentido contrario por entender que podría reincidir en los delitos de los que se le acusa. Ahora tendrá que razonarlo en respuesta a la defensa del candidato que ya ha pedido su libertad provisional con advertencia de querellas por parte de JxCat. Si el juez dice no, seguiremos en el laberinto.

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