La violencia del juez

No por esperado es menos sorprendente el auto del juez Llarena que acusa a los trece principales dirigentes del “procés” (con cárcel ayer para otros cinco) de un delito de rebelión, después del brusco giro que dio al concluir el sumario pocos días después de que admitiera que era muy complejo y que necesitaría semanas para cerrarlo. No ha necesitado tanto tiempo pese a que en los 69 folios del auto de procesamiento hace un prolijo repaso de las movilizaciones independentistas desde 2012 con los sucesivos acuerdos parlamentarios y las resoluciones posteriores del Constitucional y se centra básicamente en los sucesos del 20 de septiembre con las movilizaciones frente a la conselleria de Economía para justificar el delito de rebelión. En el auto admite que la rebelión conlleva “alzarse violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional” y se remite a la jurisprudencia del Supremo para especificar que ha de ser física, que exige el uso de la fuerza, se dirige contra las personas y ha de tener la intensidad suficiente como para doblegar voluntades. Y con este fin adjunta una relación de policías heridos aquel día en Barcelona y una disquisición semántica sobre la interpretación de alzarse violentamente que la vincula con actuar de manera violenta para encuadrar los hechos de “una muchedumbre que actuó como una masa de fuerza que destrozó y atacó bienes personales” y hasta hace justicia preventiva diciendo que “los hechos se evalúan por el riesgo de que pudieran derivar en violencia instrumentalizada para lograr la independencia”. Si la tipificación del alzamiento violento parece poco fundamentado, más confusa es aún la atribución a los trece acusados que parte de la consideración de la rebelión como un delito de configuración plurisubjetiva o de intervención múltiple, del que acusa a Carles Puigdemont y el resto de consellers por sus “aportaciones principales” a los hechos. Si jurídicamente es poco sostenible el procesamiento por rebelión, las consecuencias políticas no son menos demoledoras porque los autos notificados ayer profundizan aún más la brecha abierta entre soberanistas y constitucionalistas, generalizan la sensación de que Madrid busca más la venganza que la justicia, rompen los pocos puentes de diálogo que podían quedar y crean la falsa sensación de que con palos acabarán con el “procés”. Se equivocan porque provocan justamente lo contrario.