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EDITORIAL
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Cuando los jueces son el Gobierno

Actualizada 25/03/2018 a las 10:28

“El gobierno de los jueces”, al que se llega cuando los políticos “les entregamos la responsabilidad”, y que puede derivar en que “la Justicia empieza a tomar decisiones políticas”. Este es un análisis de cómo el Estado está abordando el proceso soberanista catalán de alguien que no es sospechoso de simpatizar con el independentismo. Son declaraciones del expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE Felipe González antes de que el juez Pablo Llarena enviara el viernes a prisión a Jordi Turull, Jordi Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carme Forcadell por los supuestos delitos de rebelión y malversación (este último para todos menos Forcadell). Y es que al margen de lo muy discutibles que son los argumentos del auto del juez que decreta la prisión incondicional, como señalábamos ayer en esta misma sección, una de las claves que explican cómo hemos llegado a la actual situación es que el Gobierno central ha optado por parapetarse detrás de los jueces en lugar de intentar abordar este conflicto ofreciendo alternativas políticas. Primero utilizó al Tribunal Constitucional como ariete y después, a partir de la aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat, ha dejado toda la iniciativa en manos de la Audiencia Nacional y del Supremo. Cualquier político responsable, como Mariano Rajoy presume ser, debería ser consciente de que no puede dejarse en manos de los jueces la respuesta a un proceso que cuenta con el apoyo de como mínimo dos millones de catalanes, y que las órdenes de prisión preventiva al por mayor contra líderes políticos no solo no solucionarán el conflicto, sino que lo enconarán todavía más. Los dirigentes soberanistas actuaron con irresponsabilidad o, si se quiere, con ingenuidad si realmente creían que podían romper leyes básicas del Estado sin ninguna consecuencia judicial, a menos que efectivamente se consiguiera la independencia, pero no hay duda de que es mucho más irresponsable aprovechar esta circunstancia para aplicar la ley con un rigor propio de tiempos pasados con el fin de intentar descabezar (utilizando la expresión de la vicepresidenta del Gobierno) al independentismo. Eso es lo mismo que intentar apagar el fuego con gasolina, abriendo una división irreparable no solo a nivel político, sino social, de final incierto. Acertó ayer el presidente del Parlament, Roger Torrent, al afirmar que es la hora de la política, pero Rajoy confirmó que prefiere a los jueces.

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