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La detención de Carles Puigdemont en Alemania, cuando regresaba en coche a Bélgica procedente de Finlandia, aumentó ayer la tensión generada en Catalunya por el encarcelamiento de 4 exconsellers y de la expresidenta del Parlament el pasado viernes. La protesta se tradujo en nuevas manifestaciones que congregaron a miles de personas y cortes de carreteras o marchas lentas de vehículos. Pero más allá de la repercusión interna, el arresto de Puigdemont abre un nuevo escenario que servirá para determinar si el Gobierno español tiene vía libre o no a nivel internacional para seguir aplicando su estrategia de mano dura judicial contra los dirigentes independentistas. El presidente de la Generalitat cesado por el 155 comparecerá hoy ante un juez alemán, que determinará si lo mantiene en custodia judicial hasta que se resuelva su entrega a España en virtud de la euroorden de detención activada por el juez Pablo Llarena, para lo que hay un plazo de entre 10 y 60 días que podría prorrogarse hasta un máximo de 90. A priori, la situación de Puigdemont en Alemania es notablemente más complicada que en Bélgica, porque los delitos de sedición y rebelión de los que está acusado en España sí tienen correspondencia en el Código Penal alemán con el de alta traición. Ahora bien, será la justicia germana la que decidirá si considera o no que el líder de Junts per Catalunya ha incurrido en este supuesto. Habrá que ver también cómo reaccionan el Reino Unido –por la exconsellera Clara Ponsatí, que está en Escocia– y la propia Bélgica –donde se encuentran Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig– a la euroorden, sobre la que Suiza –donde están Marta Rovira y Anna Gabriel– ya ha vuelto a manifestar que no prevé la extradición por motivos políticos. Lo cierto es que hasta ahora ni la represión policial del referéndum del 1 de octubre ni los posteriores encarcelamientos o la marcha al extranjero de líderes independentistas han generado reacciones de apoyo significativas entre los principales actores de la escena internacional. Ahora, la vertiente judicial acabará por determinar si la Unión Europea se sigue lavando las manos o bien si cambia de actitud y fuerza a España a actuar de otro modo. El escenario internacional es clave y por muchas movilizaciones o huelgas que se hagan en Catalunya, el proceso soberanista difícilmente podrá, no ya seguir adelante, sino revertir la actual situación sin apoyo externo.

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