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La decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein de dejar en libertad con fianza a Carles Puigdemont y sobre todo descartar los cargos de rebelión, o alta traición en la legislación alemana, porque no hubo violencia debería marcar un punto de inflexión en la gestión del conflicto porque se ha demostrado que la línea mantenida por el gobierno de Rajoy solo sirve para aumentar la tensión y dejar en evidencia algunos procedimientos. No solo han sido los jueces alemanes, sino también los belgas, los suizos y los británicos los que han cuestionado los cargos contra los dirigentes catalanes afectados, también ha habido un comité de la ONU que ha pedido respeto a los derechos políticos de Jordi Sànchez, y puede haber nuevos pronunciamientos en Estrasburgo o en otras instancias que vuelvan a cuestionar los cargos de rebelión o sedición porque se hará muy complicado probar que en Catalunya hubo un “alzamiento público y violento”. Y si jueces europeos han coincidido en esta valoración y han dejado en libertad a los dirigentes que están en Europa, hay que reclamar la libertad de quienes se han quedado aquí y llevan meses de prisión preventiva. Como admiten los jueces alemanes, pueden haberse cometido delitos de desobediencia, desacato o incluso malversación, pero no de rebelión, y en consecuencia las medidas preventivas no pueden ser tan drásticas como la prisión que están padeciendo los nueve dirigentes encarcelados. Y aunque en las primeras reacciones del Gobierno y el Supremo no se atisbe la menor autocrítica porque incluso se plantean recurrir a Estrasburgo, sería hora que admitieran que la judicialización del conflicto no ha servido para nada porque no corresponde a los jueces resolver una reivindicación asumida por más de dos millones de ciudadanos que han conseguido una mayoría parlamentaria y tienen derecho a elegir a su presidente. Corresponde a los representantes políticos negociar, negociar y seguir negociando para encontrar soluciones, para investir a un presidente que represente a la mayoría de los catalanes, para recuperar la Generalitat y acabar con la intervención que representa el 155 y cerrar este negro capítulo. Que unos reconozcan que sin una mayoría cualificada y de forma unilateral no pueden romper el statu quo y que otros admitan que a base de golpes y condenas solo conseguirán multiplicar el problema. Se trata de seducir y convencer, no de machacar.

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