Calificaciones exageradas

A la vista de algunas calificaciones judiciales en torno a la situación que vive Catalunya, parece evidente que una parte del aparato del Estado ha optado por la mano dura, incluso por interpretar a su manera el Código Penal, por reinventarse la definición de violencia y por ampliar el concepto de delito contra el odio, ideado para proteger a minorías, a todos los que no piensan como ellos. Se trata de justificar y dar cobertura jurídica al “relato” planteado por algunos sectores desde Madrid en el sentido de que en Catalunya se vive una situación extrema, lo que tanto sirve para asegurar que el castellano está perseguido como para acusar de violentos a los independentistas. Así se han generalizado las acusaciones de rebelión o de sedición, que implican un “alzamiento público y violento” y que han sido rectificadas por la justicia alemana en el caso de Puigdemont o por la misma Audiencia Nacional en el caso de los mossos de Lleida acusados de sedición y que deberían eliminarse en un procedimiento riguroso, pero que han cumplido el objetivo previsto de criminalizar a una cúpula dirigente. Ahora, este tremendismo en las calificaciones se ha trasladado a los comités de defensa de la república, que primero han estado en el punto de mira de algunos medios que han llegado a considerarlos como la versión catalana de la “kale borroka”, y ahora son acusados y detenida una persona con los cargos, nada menos, de terrorismo y rebelión. Que se sepa, los comités organizaron cortes de carretera y levantaron barreras de peaje en alguna autopista y aunque sus actuaciones puedan tener responsabilidades, acusarles de rebelión y terrorismo parece otra exageración que deberá ser corregida. El problema es que estas actuaciones alimentan el “relato” independentista de que España es Turquía, pero también contribuyen a aumentar la inseguridad jurídica y a multiplicar la crispación en una sociedad que justamente necesita lo contrario: negociación y diálogo. Las dos partes han coincidido en acusar a sus adversarios de propiciar un golpe de Estado, unos con la declaración unilateral de independencia y otros con la intervención de la Generalitat por el 155, pero si algo puede servir de consuelo es que, salvo en la represión del 1-O, no ha habido violencia por mucho que insistan algunos en denunciarla o en anunciarla. Que no la haya en el futuro también es obligación de todos y hay que evitar provocaciones de todo tipo.