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Las primeras palabras públicas del candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, más allá de los agradecimientos a Carles Puigdemont por elegirle, fueron para pedir disculpas por los tuits que lanzó hace seis años en los que criticaba a “los españoles” y para aclarar que la única obediencia que acatará será la del Parlament de Catalunya, órgano soberano de la voluntad popular. Además, recogió el guante del presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, de iniciar de una vez el diálogo entre ambas administraciones, voluntad de entendimiento que, en su opinión, nunca ha negado el gobierno catalán, y anunció un “plan de restauración” ante los efectos de la aplicación del artículo 155 y su voluntad de mantener “el mandato del 1-O”. Más allá de partidismos, es una buena noticia para el conjunto de los catalanes que la próxima semana, si las bases de la CUP no lo impiden cambiando su voto de la abstención al “no”, Catalunya vuelva a tener Generalitat en vigor, con un parlamento que legisla y un Govern que toma las riendas de la colectividad política y cotidiana del país. Además, a partir de la anulación del artículo 155, el ejecutivo español y catalán tienen la obligación de buscar puentes de distensión para acabar tanto con la judicialización de la política como con la banalización de las leyes. La principal obligación de los gobiernos es buscar soluciones para garantizar la libertad, el progreso y el bienestar de sus ciudadanos y en ese empeño deberán centrarse, a partir de la próxima semana, para el bien común de todos. Eutanasia La admisión a trámite esta semana en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley del Parlament de Catalunya para despenalizar la eutanasia abre la posibilidad de que la Cámara debata sobre esta práctica, que es legal en algunos países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo. Pero la propuesta se enfrenta ahora a un trayecto parlamentario lleno de incertidumbres y dificultades que puede resultar eterno y que no debería porque es un tema de libertad personal inalienable.

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