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EDITORIAL
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El nombramiento del Govern

Actualizada 22/05/2018 a las 10:24

La decisión del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, de restituir en su cargo a algunos de los antiguos consellers que ahora están en prisión o en Bruselas ha provocado el primer choque con el gobierno de Rajoy que, de momento, no ha publicado los nombramientos en el Diari Oficial de la Generalitat, y en consecuencia hacerlos efectivos. Al parecer, los servicios jurídicos del Estado estudian las posibles respuestas del gobierno central a lo que consideran un desafío del nuevo presidente catalán de restituir a los consellers destituidos, pero de momento han notificado que dan el visto bueno al decreto que regula la estructura y las competencias de las conselleries, pero no a los nombramientos. Habrá que ver la justificación legal porque en principio, Torra ha sido elegido democráticamente, ha tomado posesión y ha asumido todas las competencias del cargo y en segundo lugar los consellers afectados no están inhabilitados por sentencia firme y están en posesión de sus derechos políticos como muestra el hecho de que no fue impugnada su presencia en listas electorales, de que fueran elegidos y proclamados diputados e incluso que hayan podido votar hasta ahora aunque sea por delegación en el Parlament. Por otra parte, quien tendría que decidir sobre una supuesta inhabilitación de los consellers afectados serían los jueces y no el Gobierno central, es decir que deberían publicarse los nombramientos en el DOGC, impugnarse después por el Gobierno y entonces que fueran los jueces quienes determinaran si hay argumentos jurídicos para anular o no los nombramientos, al margen de que podrían quedar automáticamente suspendidos en virtud el artículo 161 de la Constitución. Al margen de que el resultado final sea el mismo, se trata de respetar la división de poderes, las formas jurídicas y el respeto a la normativa vigente que impide convertir el DOGC en un mecanismo de control político. Y no estamos hablando de una cuestión intrascendente sino de respetar la voluntad del Parlament de Catalunya en primer lugar y paralelamente de que se ponga fin al artículo 155 una vez que tome posesión el nuevo gobierno catalán acabando con la intervención de la Generalitat. Y tampoco hay que olvidar que los presupuestos del Estado dependen del apoyo del PNV que lo supeditó a que no estuviera vigente el 155 en Catalunya. Mañana se vota el proyecto en el Congreso y el 155 continúa sin derogarse.

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