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EDITORIAL
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A un paso de la cárcel

Actualizada 13/06/2018 a las 10:46

La Audiencia de Baleares ha convocado hoy al cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, y a su socio Diego Torres para notificarles la sentencia del Tribunal Supremo y entregarles el mandamiento de prisión y en teoría elegir centro penitenciario, aunque habitualmente la Audiencia, que le condenó en primera instancia, suele conceder un plazo de diez a quince días para el ingreso voluntario. El Supremo ha confirmado prácticamente la sentencia condenatoria de la Audiencia balear por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública y le retira la de falsedad documental con lo que rebaja la condena en cinco meses quedando una pena de cinco años y diez meses. Por primera vez, un miembro de la familia real, aunque ahora haya sido apartado, es condenado por todas las instancias, lo que ayuda a pensar que la justicia, con más o menos rapidez, llega a todos y que nadie por elevada que sea su posición puede actuar con impunidad. Pero a continuación todos nos preguntamos si realmente entrará en prisión, algo que para buena parte de la ciudadanía será el barómetro de la eficacia judicial, y en base a los precedentes, el marido de Cristina de Borbón tiene pocas alternativas para eludirla después de la sentencia del Supremo. Puede recurrir en amparo al Tribunal Constitucional si considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales, pero la presentación del recurso no paraliza el ingreso en prisión y si es admitido el amparo la doctrina del TC era suspender las condenas inferiores a los cinco años, lo que no es el caso de Urdangarin, que la supera en diez meses. Cambiar los criterios ahora por la personalidad del condenado tendría difícil justificación. Tiene una segunda vía para eludir la prisión que es pedir un indulto y entonces la decisión corresponde al consejo de ministros, que también podría suspender la ejecución de la condena mientras estudia la petición y tampoco parece previsible que el flamante gobierno socialista esté dispuesto a asumir el coste político de este indulto y más cuando ni Urdangarin, ni su socio Torres han cumplido ni un solo día de prisión preventiva, mientras tenemos el caso de los políticos catalanes que sin haber sido condenados por ninguna instancia llevan ya casi ocho meses en prisión. La diferencia de trato ya es flagrante y aún se multiplicaría además de eliminar el carácter ejemplarizante de esta condena.

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