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El Plan de Ordenación Urbana es el instrumento que tienen los ayuntamientos para definir su urbanismo y marcar las vías de crecimiento para los años siguientes y por su misma trascendencia es fundamental que cuente con amplios consensos políticos y ciudadanos y que en su proceso de elaboración se aliente la máxima participación y debate. En el POUM que se está tramitando en Lleida el consenso político se antoja imposible por el enfrentamiento permanente entre el bloque soberanista y el equipo de gobierno apoyado por Cs y PP que se traslada a todos los ámbitos, incluido el urbanístico, pero sí hay que reconocer que ha habido un amplio debate ciudadano con 78 sesiones informativas, además de exposiciones públicas y 80 propuestas ciudadanas de las que se han incorporado 35 al proyecto. Quien ha querido decir la suya ha tenido la oportunidad y el marco adecuado y otra cosa es que se hayan atendido porque evidentemente es imposible hacer un POUM al gusto de todos y cada cual tiene su proyecto de ciudad.

Pero al margen de los consensos sobre el apoyo a la vivienda social, a la Lleida verde y a un crecimiento armónico con respaldo a la regeneración de los barrios más deprimidos, hay dos cuestiones que sí han generado discrepancias, que son las limitaciones a la altura de edificios ya construidos, que la Paeria llama edificios que pasan a estar con “volumen disconforme” y el tope de 800 metros para las superficies comerciales en el centro. Aunque la Paeria habla de alarma injustificada sobre las alturas y que no tiene ningún efecto sobre el inmueble, lo cierto es que se han presentado 159 alegaciones de otros tantos ciudadanos o entidades que no comparten su criterio, que se consideran perjudicados, que consideran que con la norma se devalúa su edificio y que se está regulando con efectos retroactivos y afectando a un derecho adquirido porque el edificio estaba ajustado a la norma vigente y ahora se incorporan restricciones. Puede ser disparidad de criterios o de interpretaciones, pero convendría aclarar la cuestión.

De la misma forma, el tope comercial ha sido impugnado por todas las entidades comerciales que recuerdan que algunos establecimientos no podrían abrir en el Eix por superar los 800 metros y alertan de que se fuerza el traslado de superficies comerciales a las afueras. La Paeria quiere gente y tiendas en el centro pero tampoco puede regular en contra del sector.

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