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EDITORIAL
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La rendición de Llarena

Actualizada 20/07/2018 a las 10:55

El juez Pablo Llarena ha culminado su errática instrucción con la renuncia a que Carles Puigdemont sea entregado solamente por malversación y no por rebelión como pretendía y a continuación ha retirado las euroórdenes que pesaban no solo contra el expresident sino también contra el resto de dirigentes que están tanto en Bélgica, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, como en Escocia, Clara Ponsatí, o en Suiza, Marta Rovira, sin pronunciarse sobre Anna Gabriel, que solo está imputada por desobediencia. La renuncia de Llarena va acompañada con un duro escrito contra los jueces alemanes, a los que acusa de falta de compromiso con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y considera que el tribunal alemán ha anticipado un enjuiciamiento para el que no tiene competencias y da a la versión de Puigdemont un valor probatorio definitivo, pese a que su declaración no pudo confrontarse con otras pruebas que Alemania desconoce. Su escrito suena a pataleta contra la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein porque además de rechazar la entrega y retirar la euroorden, también renuncia a llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el temor de sufrir un nuevo revolcón por no poder probar la acusación de rebelión. Llarena no podía aceptar que Puigdemont fuera juzgado solo por malversación, pese a que le considera el principal responsable de los hechos, mientras que los dirigentes presos tenían que afrontar una posible condena por rebelión y tampoco ha querido arriesgarse a nuevas derrotas en tribunales europeos. A partir de ahora, Puigdemont queda en una especie de limbo y podrá volver a Bruselas y moverse por Europa, pero no podrá pisar suelo español en veinte años porque continúa vigente en España su procesamiento por rebelión, pero es evidente que la justicia española queda tocada por su empecinamiento en mantener las acusaciones de rebelión. Lo pertinente sería que se revisaran los cargos contra los políticos encarcelados, que se circunscribieran al marco europeo y que salieran en libertad inmediatamente hasta la celebración del juicio. Pese al nuevo talante de la fiscal general del Estado, la fiscalía volvió a oponerse ayer a la libertad de los presos porque cabe suponer que las resistencias del ámbito judicial a cualquier rectificación son fortísimas, pero es evidente que el cargo de rebelión es insostenible.

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