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EDITORIAL
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Franco y la desmemoria histórica

Actualizada 03/09/2018 a las 11:05

El debate político sobre la exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos da idea del gran retraso que acumula el Estado español en abordar de una vez y sin complejos el ámbito de la memoria histórica. Que casi 43 años después de su muerte y a los 41 de las primeras elecciones democráticas se mantenga inalterado el carácter de este mausoleo construido a mayor gloria del franquismo, utilizando además a miles de prisioneros políticos como mano de obra forzada, es sencillamente inaceptable. Se trata de una inacción flagrante, que justifica plenamente la decisión del actual Gobierno central de, como mínimo, trasladar el cadáver de Franco. PP y Cs critican esta decisión y que se apruebe por decreto aduciendo que es urgente, y alegan al respecto que se trata de una operación de marketing político de un Ejecutivo en minoría con muchas dificultades para sacar adelante sus propuestas, entre ellas los nuevos Presupuestos Generales. Podría ser así, pero en ningún caso ello debería ser óbice para apoyar el traslado de los restos del dictador como primer paso para eliminar la índole franquista del Valle de los Caídos, y hay que concluir al respecto que si el Gobierno de Pedro Sánchez puede promover ahora esta iniciativa es porque los anteriores gobiernos de la democracia, entre ellos los del PSOE, la eludieron. Llama también la atención la ojeriza del PP hacia la ley de Memoria Histórica. Su nuevo líder, Pablo Casado, afirmó ayer que es sectaria y dijo que quiere sustituirla por una “ley de concordia” que reivindique la Transición. Y durante el Gobierno de Mariano Rajoy, este llegó a presumir públicamente de dedicar cero euros a la aplicación de esta ley. Esta es una ley que parte de la premisa de que son radicalmente injustas todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura, establece medidas de reparación para los que las sufrieron o para sus descendientes y también dispone mecanismos para ayudar a las familias a localizar e identificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil o el franquismo. Son actuaciones que deberían ser asumibles para cualquier demócrata, tanto si es de izquierdas como de derechas, y más cuando solo en Lleida todavía hay 461 familias que buscan a personas desaparecidas durante la contienda.

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