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Ha pasado un año desde una de las jornadas más simbólicas de la historia reciente de Catalunya y que será imposible borrar de las retinas, y de la memoria, las imágenes de policías y guardias civiles golpeando a miles de personas que solo intentaban votar pacíficamente a favor de la independencia de Catalunya. Del 1-O y lo sucedido después se pueden hacer muchas lecturas, pero lo primero a destacar es el estrepitoso fracaso del gobierno de Rajoy, que había prometido por activa y por pasiva que no habría urnas, ni votaciones, que desplegó un espectacular dispositivo policial que no consiguió incautar ni una urna y que fue burlado por quienes habían diseñado el referéndum y los voluntarios que colaboraron. Después, el gobierno del PP intentó corregir su torpeza con un nuevo dislate, ordenando una represión lamentable, respondiendo con golpes a los votos y propiciando unas imágenes que se convirtieron en portada de todos los medios internacionales y que aún provocan tanta vergüenza como indignación. No hubo ni una dimisión, ni la menor rectificación y se abrió una brecha que sigue abierta y que probablemente tardará años en cerrarse. Fue también por parte de los independentistas un gran ejercicio de dignidad, también de valentía para no caer en la espiral de violencia, una movilización sin precedentes y una demostración de que una parte muy importante de la sociedad catalana quiere la independencia, pero los mismos observadores internacionales advirtieron que el referéndum no contaba con las garantías necesarias y que no podía ser vinculante. El fracaso del Estado y el triunfo de la dignidad en aquella jornada no se ha traducido en la implementación de la república catalana, pese a que el relato independentista lo interprete como un mandato del 1-O y que así lo intentó el mismo gobierno de Puigdemont con decisiones zigzagueantes durante los días posteriores hasta llegar a la efímera proclamación de independencia con la aplicación del 155, y olvidando las voces de diferentes sectores independentistas que aconsejaban ampliar la base. Un año después, hay dirigentes que padecen una injusta prisión preventiva y otros que han tenido que abandonar el país, y podríamos preguntarnos si estamos mejor o peor o incluso si se ha avanzado hacia la independencia. Las respuestas son personales e intransferibles, pero si alguna conclusión podemos extraer es el rechazo de la violencia.

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